En lo que va de esta administración lo que se ha vivido es un gobierno que no ejecuta tareas relacionadas con políticas públicas reales, sino uno que se dedica a seguir en campaña electoral. Eso explica por qué el presidente no se ha ubicado como quien debe gobernar para todos los mexicanos dado su enfoque populista. Por ello su ser y existir se justifica siempre y cuando se logre estigmatizar a quien él considera sus enemigos o adversarios, para que así los que son sus seguidores ciegos se sientan vindicados con el discurso mañanero. No gobernar, sí dividir. No resolver, sí polemizar.
#ColumnaInvitada | El costo (legal) de las ocurrencias
Aunque la retórica populista sea convincente en el sentido unilateral de lo que se dice, en los hechos, cuando se analizan los indicadores reales, los progresos son inexistentes.
@JuanFTorresLand
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El problema de este formato de ejecutar la función pública es que aunque sin duda hay un efecto hipnotizador para quienes se sienten por primera vez realmente atendidos, escuchados o identificados desde la sede del poder federal, en los hechos es prácticamente imposible decir que hay hallazgos de mejoras en las condiciones generales de vida de la población, particularmente de los que menos tienen. Y es que aunque la retórica populista sea convincente en el sentido unilateral de lo que se dice, en los hechos, cuando se analizan los indicadores reales, los progresos son inexistentes porque las métricas, incluso con datos oficiales, son terriblemente desgarradoras. Algunos avances no avalan la destrucción de todo lo demás.
Así, una parte importante de los problemas con esta mecánica de gobierno es que cuando se repite que se van a resolver los obstáculos con meros dichos (primero los pobres, abrazos y no balazos, no es seguro ni popular, soy el más atacado, la capacidad no es importante, somos diferentes, tengo autoridad moral, etc.), lo que en el fondo queda manifiesto es que no se tienen equipos, estudios, diagnósticos o nada que se le parezca. Como estamos hablando de temas complejos en muy distintas materias, la probabilidad de que algo salga bien es casi imposible. Lo que no suma resta.
Es el caso que salvo un cierto impacto por la distribución masiva de programas asistenciales (con enormes problemas de ineficiencias y nula medición de mejoras estructurales) y el aumento al salario mínimo, el resto de los aspectos que se revisen en prácticamente todos los rubros como salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente, seguridad, justicia, cultura, etc. los saldos del sexenio son terriblemente adversos.
Aunque esto no es nuevo y lo hemos venido revisando en forma reiterada en anteriores entregas de esta misma columna quincenal, es momento de reflexionar sobre los impactos que en el mediano y largo plazo se generarán por estas nocivas decisiones que se han venido acumulando desde que en el mes de julio de 2018 tomaron el poder del país para efectos reales. Ya es momento de entender lo que nos van a dejar en pasivos y tareas correctivas, porque si todo fuera un simple caso de errores, los problemas no serían tan graves. Pero al momento que se entiende que los caprichos y absurdas decisiones dejarán una estela de obligaciones y cargas por ineptitud, el tema se convierte en uno de suma preocupación y obligado análisis.
Y es que debemos recordar lo que han hecho, lo que incluye, entre otros, los siguientes temas:
a) Destruido la ejecución de la obra de infraestructura más importante en Latinoamérica como el NAIM (el cual por cierto hubiera dado la oportunidad de una reconversión del actual AICM para un proyecto de impacto social para el oriente de la CDMX sin paralelo en el mundo; y dejando al AIFA que es una instalación sin tráfico y enormes costos operativos);
b) Cancelado el Seguro Popular con un INSABI (que sin programas o estructuras ya fue destruido también para dar paso a otra entelequia insolvente como lo es el IMSS-Bienestar) y desechar los mecanismos de compras consolidadas de medicinas (provocando un desabastecimiento crónico de fármacos a todos los que los necesitan);
c) Eliminado a la Policía Federal para dar paso a la militarización que implica la creación de la Guardia Nacional (nuevamente sin reales programas sino una tarea absurda de eliminar las tareas civiles, y además no dejar que fuerzas armadas actúen en forma alguna);
d) Depredado el medio ambiente con la construcción del Tren Maya (sin contar con programa ejecutivo o estudios de validación económico);
e) Apostado a combustibles fósiles con masivos subsidios a Pemex y han construido sin controles presupuestales o de justificación la Refinería de Dos Bocas (siendo que está en un lugar con inundaciones permanentes, sin accesos idóneos, y ni siquiera con conexiones para que sus productos se puedan hacer llegar a los centros de distribución y entrega a usuarios como Pemex y otros);
f) Utilizado enormes cantidades de recursos para adquirir activos de producción de energía eléctrica ya existentes en el país (en lugar de buscar fuentes renovables nuevas) y han generado una línea aérea estatal a cargo de fuerzas armadas y asumen riesgos sin un plan de negocios ni estudios de justificación alguna (provocan un nuevo pozo de pérdidas infinitas).
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A la luz de todas estas evidentes pifias, lo que queremos destacar es que cuando se vayan del poder el último día de septiembre de 2024 (y se van a ir), será necesario detonar un gran programa de reconstrucción nacional para resolver los increíbles rezagos y retrocesos que se sabrá entonces no permiten sino entrarle de fondo a los problemas. Atrás quedarán los dichos y las carencias técnicas para dar paso a planes serios, estudios profundos y amplias campañas de concientización para que el electorado completo entienda las implicaciones de haber permitido y tolerado tales niveles de displicencia e improvisación.
A las cosas se les debe nombrar como lo que son, estupideces con enormes impactos negativos por muchos años. Y es que habrá que identificar y numerar los costos sucesivos que se generarán para el país, no solamente por el irresponsable dispendio de los fondos, sino además porque habrán creado obras, construcciones e instalaciones que no solamente no generarán beneficios o ingresos, sino que además se convertirán en enormes hoyos negros capaces de succionar recursos por años y décadas ante la imposibilidad de simplemente abandonar instalaciones a las que se dedicó presupuesto abundante.
Las sanciones por toda esta serie de ocurrencias deben ser determinadas con el pleno peso de la ley. No se tratará solamente del descrédito político, sino de que se les dé finalmente trámite a las decenas de denuncias por corrupción, abusos, desperdicios e irregularidades que aunque se han presentado hoy están capturadas en congelamiento conveniente ante la sumisión de las Fiscalías respectivas al presidente y sus cómplices dentro y fuera del gobierno.
Pero el tiempo les llegará y hay que seguir trabajando en presentar todas las denuncias que se requieran para evitar prescripciones y asegurar que paguen por sus fechorías. No es un tema de vendettas políticas, sino de asegurar que no queden impunes ante el desastre nacional que ya generaron a base de violentar la ley en forma sistemática. No podemos permitir que el costo de las ocurrencias sea simplemente anecdótico. No puede ser así para no dejar que ni ellos ni nadie en el futuro pueda abusar del poder y robar al país de las oportunidades para que realmente salgamos adelante y se logren finalmente los niveles de desarrollo que todos merecemos.
Al tiempo para que paguen por sus ocurrencias y atrevimientos. Todo el peso de la ley para no permitir la impunidad ante el escandaloso hurto de recursos e irregularidades de un gobierno despiadado e irresponsable.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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