Quienes exigieron estas reglas en su momento hoy son los principales infractores de las mismas. Desde hace varios años hemos visto cómo el púlpito matutino se ha convertido en el epicentro del activismo electoral. Todos los días el presidente interfiere en los procesos electorales, ya sea promoviendo a sus correligionarios o atacando a los opositores. En lo que va de 2023, la Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido cinco medidas cautelares en las que le pide abstenerse de intervenir en procesos electorales y ordena retirar de las grabaciones fragmentos en donde él viola flagrantemente la ley.
La principal contendiente a coordinar la cuarta transformación acumula de 2021 a la fecha casi 200 denuncias, y en casi una cuarta parte de ellas se ha determinado que ha vulnerado las leyes electorales de alguna forma, ya sea por la intervención en procesos electorales locales, por la violación a la veda electoral en la revocación de mandato o por la comisión de actos anticipados. Sumados todos los aspirantes de Morena acumulan más de 700 quejas.
Es claro que la legalidad de la elección les tiene sin cuidado. Con solo recorrer el país o abrir unos momentos las redes sociales se advierte el dispendio que existe en publicidad que busca promover aspiraciones. Los medios oficiales y los no oficiales están volcados en promover figuras de cara a las elecciones venideras, espectaculares, bardas, y el transporte público están llenos de propaganda política. Si en 2021 el reclamo fue el excesivo gasto que se hizo anticipadamente en la promoción de quien terminó siendo presidente, para 2024 eso será insignificante comparado con lo que se terminará invirtiendo desde el oficialismo para ganar la elección. El abuso en el uso de recursos públicos es evidente.
