“En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada.”
Así comienza el video de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en la plataforma de Tiktok, el cual ya tiene más de 20 millones de reproducciones y más de dos millones de “likes”. Con dichas afirmaciones, Bukele pretende justificar las controversiales decisiones de su gobierno respecto al estado de excepción instaurado, las más de 60,000 detenciones y el traslado de más de 2,000 presuntos pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo.
El año pasado, después de un fin de semana violento en El Salvador, la Asamblea Legislativa de dicho país, por solicitud de su presidente, aprobó un decreto de estado de excepción por 30 días –que ha sido prorrogado por más de seis meses- con el cual se suspendieron diversos derechos de las personas ciudadanas, tales como libertad de asociación; inviolabilidad de comunicaciones; derecho a ser debidamente informado de los motivos de arresto; y, derecho a tener un abogado.
La comunidad internacional no ha visto con buenos ojos estas políticas. Organismos como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han sido contundentes en señalar que esta presunta campaña de pacificación ha generado violaciones, violencia indiscriminada e incluso desapariciones forzadas en territorio salvadoreño.
Ahora bien, las posturas de Bukele parecen tener como justificación central que los derechos humanos son una cuestión disponible para alcanzar ciertos fines sociales. El presidente de El Salvador reconoce que las y los delincuentes y presuntos delincuentes tienen derechos, pero considera que existen fines socialmente deseables que justifican su violación o suspensión. Para él, la falta de seguridad en la vida de la gente “honrada” es suficiente para distinguir entre los derechos de los buenos y los derechos de los malos.
Desde ahí, el presidente asume que su aparato gubernamental tiene la atribución y capacidad para señalar con claridad qué personas encuadran en cada lado de la balanza, sin necesidad de un juicio, un debido proceso y, en su caso, una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.
Esto tiene consecuencias muy graves en la estigmatización de ciertos sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad; con muchos ejemplos podemos afirmar que la historia universal ha demostrado que las personas más afectadas con medidas tan radicales son las personas en situación de pobreza.
Una de las razones fundamentales para decidir formar una comunidad reside justamente en el aseguramiento de que viviremos con seguridad; que nosotros y nuestros bienes estaremos protegidos de intromisiones ilegales. Los tratados internacionales, los textos constitucionales y demás cuerpos normativos son claros en señalar ese deber estatal de brindar seguridad a las personas ciudadanas, previendo así tanto cuerpos policiales y militares, como sanciones para castigar las infracciones a esta necesidad de seguridad.
