Plan B: un autoritarismo muy competente

Y es que no es el tipo de iniciativa a la que nos tiene acostumbrados el lopezobradorismo: mal hecha, petulante, desinformada, llena de palabrería demagógica pero vacía a la hora de habérselas con la realidad sobre la que pretende incidir. No, el llamado “Plan B” representa todo lo contrario. Se trata de una maniobra que tiene la mira bien calibrada, que demuestra un conocimiento quirúrgico de cómo funciona la logística del sistema electoral, que sabe perfectamente qué quiere y cómo lograrlo. No me refiero a su diagnóstico ni a su justificación, ahí abundan los lugares comunes de la “narrativa” oficial (el eufemismo mediático predilecto para no decir las tergiversaciones y mentiras del presidente), me refiero a su contenido sustantivo. Es, de veras, un proyecto competentísimo… para destruir la democracia mexicana.

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#ColumnaInvitada | El Poder Judicial y la ciudadanía

¿Por qué? Por varias razones; pero quizá la más grave es que, con el pretexto de una no malentendida sino perversa austeridad, vulnera la autonomía y desbarata la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE). Y la forma tan precisa, tan deliberada, tan regocijadamente carnicera que tiene de hacerlo –algunos medios han informado que la instrucción del secretario de gobernación a los legisladores de la coalición lopezobradorista fue, literal, “destazar al INE”– le resta cualquier credibilidad a las interpretaciones de que no es para tanto o de que no va por ahí, de que tal vez es un descuido o una falta de técnica legislativa dada la inexperiencia en el poder de Morena, o incluso un producto de que el presidente no sabe o no está bien asesorado. (Y lo digo porque, por increíble que parezca, todavía hay voces que de pronto entretienen ese tipo de elucubraciones). No es un error, es un propósito inequívoco.

Y también es un engaño; aunque, igual, claramente intencional. Porque no es que el INE cueste demasiado, es que desempeña múltiples funciones y tiene muchas responsabilidades que cumple, casi todas, al límite de su capacidad. Contar con una institución profesional que garantiza elecciones libres y limpias (por lo menos hasta donde la ley se lo permite), ¿es un gasto innecesario u oneroso, un desperdicio de recursos? ¿Comparado con qué? El presupuesto del INE para 2023 gira alrededor de 14 mil millones de pesos; las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad entre enero y septiembre de 2022 rondaron casi 50; las de Pemex, en 2021, fueron más de 220; y las pérdidas estimadas por la cancelación del viejo nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) se calculan entre 100 y 330 mil millones de pesos.

Nada sería más costoso, sin embargo, que creer en el ardid de la austeridad y poner en riesgo la posibilidad de ejercer efectivamente nuestros derechos políticos. Estamos ante un autoritarismo muy competente, tanto para diseñar el desmantelamiento de la institucionalidad electoral como para mentir al respecto. Lo que pretende el “Plan B” equivale a demoler el edificio de la democracia presumiendo que, al hacerlo, se reducirá el gasto en vivienda. El lopezobradorismo hará su negocio político con los escombros, pero derribar la casa que habitamos nunca será una forma legítima de ahorrar.

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#ColumnaInvitada | La democracia se defiende en las calles

Posdata. El canciller Marcelo Ebrard ha propuesto una alianza de los “países progresistas” latinoamericanos, entre los que incluye dos dictaduras: Cuba y Venezuela. El sábado, en Campeche, el presidente López Obrador le impuso la orden del Águila Azteca –la máxima condecoración que otorga el Estado Mexicano– al dirigente que encabeza una de esas dictaduras: Miguel Díaz Canel. Entonces, según el criterio del secretario de Relaciones Exteriores, ¿para ser progresista no hace falta ser democrático? Es atendible el argumento de que el aislamiento y las sanciones internacionales terminan lastimando más a los pueblos que a los autócratas; pero aliarse o condecorar a sus autócratas, ¿en qué ayuda a esos pueblos?

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Nota del editor:

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