#ColumnaInvitada | El Poder Judicial y la ciudadanía

El mal nacido y concebido Plan B es un golpe mortal a lo que debería ser una progresión creciente de derechos y libertades electorales. Y es que en lugar de seguir avanzando con buen paso para tener mayores conquistas de solvencia en la conducción de los comicios que permiten alternancias y transiciones entre distintos partidos políticos en paz, ahora el gobierno en turno pretende imponer su voluntad al minar las capacidades operativas y funcionales del INE. Un vil y bajo golpe artero. Un engaño descomunal.

El Plan B busca erosionar todo el andamiaje del INE, consistente en eliminar los puestos de los funcionarios que son los que llevan a cabo las tareas fundamentales del sistema electoral nacional como son: el mantenimiento y actualización del padrón electoral, la renovación y expedición de credenciales electorales, la capacitación de ciudadanos para llevar a cabo la instalación y funcionamiento de casillas electorales, y las demás tareas permanentes que requieren atención antes, durante y después de los días de elección.

Así pues, bajo el absurdo argumento de un posible ahorro en gastos fijos (que no lo es tal porque ni siquiera tomaron en cuenta los gastos asociados a la liquidación de miles de trabajadores que ya no tendrían empleo), se pretende entonces hacer que lo que funciona bien se destruya. El objetivo real es muy claro, hacer que los procesos electorales estén plagados de errores y deficiencias para poder reclamar irregularidades si no se gana en las urnas. La mentira más burda para no respetar la voluntad ciudadana. Sobre todo de un gobierno que si en algo ha sido especialista es en desperdigar y derrochar fondos públicos en caprichos y tonterías.

Afortunadamente las seis leyes que constituyen este adefesio de reforma legal secundaria (porque fallaron en su intento de implementarlo a nivel Constitucional a merced de la alianza opositora en el Congreso que se fortaleció con la marcha del 13 de noviembre pasado) serán analizadas ante el máximo tribunal a la luz de distintas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas por diferentes partidos políticos, fracciones parlamentarias y autoridades municipales, entre otros.

Así está en manos de los 11 ministros que constituyen el pleno de la SCJN la determinación de si este paquete legislativo es o no compatible con nuestra Constitución. Los dictámenes de muchos estudiosos del derecho, peritos electorales, e incluso algunos legisladores de Morena, no dejan lugar a duda, el Plan B es un concierto de inconstitucionalidades que no permite duda sobre el hecho de que son incompatibles con el texto de la Carta Magna y, por lo mismo, deberían ser expulsadas por completo de nuestro marco legal. Citando a los interfectos, de su Plan B no debe quedar ni una coma, por el bien de México.

Nos encontramos entonces ante un momento en que como pocos en la historia reciente se requiere una determinación puntual, clara y contundente del tribunal supremo para resguardar el valor de nuestra Constitución, pero además de evitar que se pretenda socavar todo el avance democrático en el país por un intento falaz, cobarde y artero de quienes habiendo tenido incontables triunfos electorales, ahora se resistan a permitir que otros puedan hacer lo mismo en función de decisiones emanadas del voto de una mayoría en los distintos lugares donde se realizan elecciones. Es el equivalente a tener la escalera, subir al poder y luego tirarla para que nadie más pueda subir. Así de deleznable lo que se pretende por los líderes y legisladores de Morena y que los ministros pueden y van a parar en seco.

Y es que justamente por esa razón se ha convocado a que salgamos todos el domingo 26 de febrero próximo a las 11:00 horas a manifestar nuestro apoyo total al Poder Judicial en su tarea de protección de la ciudadanía y que se eche al basurero el Plan B. Por eso en el Zócalo en la CDMX y en decenas de similares lugares en las ciudades que también saldrán a las calles en todo el país, la ciudadanía hará ver que tenemos una gran afinidad, respeto y solidaridad para con los 11 ministros que no se dejarán presionar por quienes quieren minar al país. Afortunadamente la ministra presidente ha dejado muy claro el papel central e independiente del Poder Judicial (lo que no fue así con su predecesor inmediato), y es con esa confianza que el acto de apoyo de la jornada dominical referida será la perfecta oportunidad en que podremos cerrar filas en torno a nuestra Constitución y libertades electorales.

Estamos en un momento que habrá de escribirse en los anales de la historia como un episodio en que las instituciones resistieron el ataque visceral, y que la ciudadanía se hermanó con los jueces para escribir una hoja de vigencia de nuestro maltrecho Estado de Derecho y de una democracia imperfecta, pero en construcción. En Unid@s estamos seguros del poder ciudadano y la importancia de jamás ceder ante los caprichos de quienes gobiernan efímeramente. Salgamos todos el 26 de febrero y demos ejemplo al demostrar que somos fans de nuestro poder judicial. Los defenderemos porque ellos nos defienden – simetría en propósitos y objetivos – la perfecta unión del poder judicial y la ciudadanía.

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Notas del editor:

Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México.