Este 7 de febrero se cumplieron nueve años de aquella reforma que modificó diversos artículos constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, la cual estableció bases y principios para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI), la protección de datos personales (PDP) y fortaleció el diseño institucional del actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al otorgarle funciones como la posibilidad de atraer asuntos de las entidades federativas y la potestad de encabezar el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), así como, autónomo constitucional y estatus de institución especializada, imparcial, colegiada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.
#ColumnaInvitada | A nueve años de la autonomía constitucional del INAI
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Estas modificaciones fueron el resultado de un amplio debate al interior del Congreso de la Unión, en el que servidores públicos, especialistas en la materia y académicos expusieron la necesidad de contar con un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y que garantizara el DAI y la PDP de manera imparcial y transparente.
Con esta reforma también se obligó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar mecanismos que garantizaran el acceso a la información, así como a crear organismos autónomos en cada una de las entidades federativas que aseguren la máxima transparencia en el uso de la información, a fin de que esté disponible para cualquier ciudadano.
Esta reforma constituyó un parteaguas en el uso, acceso y conocimiento de la información, pues buscó poner al alcance de los ciudadanos elementos necesarios para que cualquier interesado solicite información en poder de las autoridades, y al mismo tiempo establecer mecanismos efectivos de protección de toda aquella información que debe ser tratada con un cuidado específico por ser reservada o contener datos personales de particulares.
La reforma en materia de transparencia se sostiene en tres pilares fundamentales:
1) El fortalecimiento del derecho de acceso a la información;
2) La ampliación del catálogo de sujetos obligados que deben transparentar la información en su poder; y,
3) La posibilidad de que las personas conozcan la información que poseen los partidos políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno.
El INAI, a través de políticas públicas como la instalación de la Red Local de Socialización del Plan DAI y la Ruta de la Privacidad, busca socializar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, a lo largo y ancho del país, así como promover su uso para la solución a las problemáticas sociales e individuales, ya que es bien sabido que el derecho a saber cambia vidas y ayuda a tomar mejores decisiones.
En coadyuvancia con los órganos garantes del país que conforman el Sistema Nacional de Transparencia, tiene la obligación de encontrar mecanismos para socializar los derechos que garantizamos, con el objetivo de que niñas, niños y población en general conozcan la utilidad que pueden tener en su vida diaria.
El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que debería ser ejercido por todas las personas, incluidos los niños y las niñas, para ello, el INAI también ha creado políticas públicas a manera de concursos para la promoción de estos derechos entre la infancia.
Las políticas públicas que emprende el INAI para socializar los derechos que garantiza, abonan a la democracia, fortalecen el Estado de derecho y otorgan poder a los ciudadanos a través de la información, pero lo más importante es, sin duda, que coadyuvan a transparentar el actuar de las autoridades y fortalecer la rendición de cuentas, por lo que la preservación de los organismos autónomos, en este caso el INAI, garantiza el respeto a los derechos de las y los mexicanos.
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