Según datos de Fortinet, empresa multinacional de desarrollo y servicios de ciberseguridad, México sufrió 85,000 millones de intentos de ataques cibernéticos entre enero y junio del 2022. Esta cifra es 40% más en comparación con el mismo periodo del año pasado (60,000 millones). De hecho, el país ha sido el más atacado en América Latina, seguido por Brasil, con 31,500 millones de ataques.
Datos de la Condusef muestran que al año se registran 10 millones de quejas por fraudes, robos y extorsiones cibernéticos. Estos datos son tentativos debido al bajo registro de denuncias que hay frente al registro real. En la última década, las quejas de los usuarios por posibles fraudes electrónicos crecieron de 8 a 65% respecto a 2011.
Después de diversos ataques contra instituciones gubernamentales y empresas, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla un incremento en los recursos que se destinarán en materia de ciberseguridad, sin embargo, están por debajo del presupuesto que se otorgó al rubro hace cinco años.
Para 2023 se etiquetaron 12,606 millones de pesos (mdp) a las partidas vinculadas con equipos y tecnologías de la información, con lo que el gasto aumentará 369.4% respecto a lo programado, pero en términos reales, quedará 6% por debajo del presupuesto otorgado en 2018.
Notas periodísticas dan cuenta de que datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que, durante 2022, cinco programas presupuestarios con los cuales se clasifica el gasto dirigido a tareas de mantenimiento, reparación, instalación y demás procesos con los que operan las dependencias del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos, tuvieron en conjunto 2,557 mdp.
Actualmente, el Congreso de la Unión discute una Ley Federal de Ciberseguridad, hay seis iniciativas en ambas Cámaras, sin embargo, parece ser que hay dispersión en el debate y las propuestas para poder unificar las iniciativas y poder concretar y sacar adelante una ley en la materia lo más pronto posible.
Organizaciones de la Sociedad Civil como R3D o Artículo 19 han dejado ver que las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras de Diputados y Senadores han cerrado la puerta a organizaciones, activistas y personas defensoras de derechos humanos para participar en el proceso de creación de una Ley de Ciberseguridad.
Estas organizaciones han expuesto, durante los últimos años, los numerosos intentos de crear una Ley de ciberseguridad “de manera opaca y excluyente” y acusan que en el actual proceso se consideró únicamente la opinión y perspectivas de actores gubernamentales y empresariales, dejando fuera de la discusión a quienes se especializan en evitar las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la materia de esta ley.
