Tuvo que llegar un gobierno de corte populista y narcisista (Jesús Silva Herzog dixit) para poner en riesgo los avances democráticos en el país. Si bien es cierto como toda democracia joven es previsible que se requieran impulsos de mejoría y áreas de oportunidad, lo que en realidad estamos presenciando es un esfuerzo claro de intimidación y manipulación de la libertad y normalidad democrática en el país. Con la excusa de que se quieren “ahorrar recursos”, el gobierno federal encabeza un ataque feroz para debilitar y minar al INE. Aunque el proceso de reforma legal se detuvo por desaseo legislativo de Morena, se prevé que le quieran dar el impulso final reanudando el siguiente periodo de sesiones ordinarias en febrero de 2023.
Hay que entender el escenario completo del caso que nos ocupa. Regreso a nuestro enfoque inicial. Las fuerzas armadas han sido por más de siete décadas instituciones leales al mando civil y con una vocación de servicio a la ciudadanía, en particular en temas de atención en casos de desastres naturales y cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, la actual administración inició un proceso de militarización progresiva y amplia de múltiples tareas civiles. Ya vamos en cientos de actividades que habiendo sido responsabilidad de áreas de gobierno, ahora se ejecutan por personal dentro de las filas de fuerzas armadas.
El problema central que percibimos y que crece progresivamente es la tentación que surge del manejo de recursos económicos cada vez mayores y con presencia en básicamente todas las actividades económicas y regiones del país. Y es que la milicia hoy realiza tareas de seguridad pública, opera aduanas y aeropuertos, distribuye medicinas, construye vías férreas, transporta combustibles, adquiere bienes, mueve personas, e incluso pretende crear una aerolínea. Nada bueno puede salir de esta combinación de una institución diseñada para cuestiones de seguridad nacional, y que ahora abarque tantos temas con gran opacidad y nula rendición de cuentas.
Entre otras cosas, el problema está en el posible paso de un punto de no retorno porque las fuerzas armadas se lleguen a sentir dueñas o legitimadas para que lo que se les ha entregado en los últimos cuatro años no se los pueda quitar un gobierno futuro que plantee, a partir de una decisión democrática, ir por otro derrotero. Tendríamos una crisis constitucional muy importante si hubiera resistencia a dicho cambio de tareas y prioridades.
La Constitución es nuestra norma máxima y eso no se le puede olvidar a nadie. Aunque el presidente actual diga que la ley no es relevante frente a un tema de justicia, se le olvida que las autoridades pueden existir y operar solamente en función de gozar de una base constitucional en su actuar. El concepto de justicia es volátil y subjetivo, lo que lo convierte en un criterio arbitrario e impredecible. Mientras tanto, el límite constitucional es uno que se debe respetar por todos, en particular por autoridades, y claro sujeto a que en todo caso sea el máximo tribunal el único encargado de hacer interpretaciones finales respecto a los alcances de la Carta Magna.
Las tentaciones abundan hoy en día para las fuerzas armadas. Les han dado tanto poder y responsabilidades que se puede pensar en escenarios en que los altos mandos pudieran llegar a cuestionar lo que se les instruya. Y es que les puede suceder estar en conflicto de lo que es su mandato constitucional y lo que se les instruya realizar por un mando superior, o incluso ellos quieran hacer con tanto poder y dinero. La gran duda en particular es lo que pasaría si viene un conflicto entre obedecer instrucciones y vulnerar el régimen constitucional. La gran cuestión es lo que debe realizar el alto mando castrense en esa coyuntura y disyuntiva. Acatar la Constitución es siempre la única opción realista, pero no es necesariamente la respuesta evidente en la actual coyuntura.
Ejemplos como lo que pasó recientemente en Perú nos obligan a preguntar si en México se daría el mismo resultado, es decir, que el Presidente en turno pida apoyo para romper el orden constitucional y que las fuerzas armadas se nieguen a hacerlo. Algo que tendría una respuesta casi automática hasta hace poco en México, hoy tristemente no es tan claro. Nos han impactado y tenemos preguntas de compleja respuesta por lo que ha sucedido en estos cuatro años de deterioro institucional y abuso incremental.
Y llegamos entonces a la pregunta que nos cimbra y obliga a reflexión colectiva. Si el plan de debilitamiento del INE tiene cualquier nivel de éxito (bien sea por el paquete legislativo y/o el tenue actuar de los órganos jurisdiccionales que revisen las impugnaciones contra las reformas respectivas), entonces lo que muy probablemente ocurrirá es que en el proceso electoral 2024 se dará un escenario en que si el partido gobernante es derrotado en las elecciones (un escenario bastante probable), el presidente (siguiendo su talante autoritario) no aceptará la derrota, reclamará un irregular actuar del debilitado INE, y pondrá a funcionar su maquinaria para no permitir la alternancia respectiva.
En ese contexto un elemento particularmente preocupante sería que las fuerzas armadas llegaran a tomar un papel activo en la contienda democrática. Si eso llegara a suceder, entonces sí tendríamos un serio problema para el país, porque significará que más allá de temas económicos, la milicia habrá cruzado la barrera que la Constitución les fija de no intervenir en temas políticos, y que su tradición ha honrado por ya más de 75 años.
