En México, el Convenio 108 y su Protocolo Adicional entraron en vigor el 1 de octubre de 2018. Desde 2017 el Consejo de Europa invitó a nuestro país a adherirse al Convenio, pero fue hasta el siguiente año cuando el Senado de la República ratificó ambos instrumentos internacionales.
En el marco de esta conmemoración, el pasado lunes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo el foro “La protección de datos personales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, coorganizado por mis colegas Francisco Javier Acuña y Josefina Román Vergara.
En este foro, en el que participaron autoridades y especialistas en la materia, coincidimos en que, en una democracia, es trascendental contar con órganos autónomos, técnicos y especializados como el INAI que garanticen la protección de datos personales como un derecho fundamental que permita alcanzar las libertades y la dignidad humana en el contexto de la era digital en la que vivimos y nos desarrollamos.
El INAI ha trabajado no solamente en apego a lo que está establecido en la Constitución, a esos principios que hoy nos motivan y nos mueven a trabajar en independencia y autonomía, en favor del respeto de los derechos de las y los mexicanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Desde 2015, los estados miembros de Naciones Unidas, en conjunto con organizaciones y ciudadanos de todo el mundo se plantearon desarrollar 17 objetivos para construir un desarrollo sostenible en tres ámbitos clave: económico, social y ambiental, lo que constituye la Agenda 2030, tema central de esta conmemoración.
Los organismos garantes del derecho a saber y la protección de datos personales son protagonistas de esta agenda. Por un lado, porque la ONU reconoce que, y cito, “los datos de calidad accesibles, oportunos, desagregados y confiables serán necesarios para medir el progreso y para asegurar que nadie se quede atrás”.
No obstante, el Informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022 señala también que la pandemia de COVID-19 demostró que persisten grandes vacíos de datos en la supervisión de los ODS y que es la clara necesidad de una base de datos estadística y sólida, como urgente una mayor inversión en datos y estadísticas. Y es en esa lógica donde el INAI desempeña su papel, consciente de esos retos y desafíos que tenemos frente a nosotros.
