¿Por qué importaba la equidad electoral?

Tras la alternancia presidencial que consumó el proceso de transición en el año 2000, sin embargo, el tema de la equidad siguió generando controversia. Primero, por el “Pemexgate”: un escándalo que implicó la desviación de recursos de Pemex, mediante su sindicato de trabajadores, a la campaña del PRI, Francisco Labastida. Después, por el caso “Amigos de Fox”: otro escándalo que reveló la existencia de una estructura paralela a la de la campaña del candidato panista con el fin de recaudar fondos de procedencia privada, nacionales y extranjeros, sin declararlos ante la autoridad electoral. Ambos casos violentaron la equidad en materia de financiamiento y fueron, por cierto, severamente sancionados con las dos multas más altas de las que se tenga registro.

Unos años más tarde, en 2006, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se quejó varias veces de que el presidente Vicente Fox y otros actores contrarios a su causa–como el Consejo Coordinador Empresarial– interfirieron en la contienda emitiendo mensajes en su contra (e.g., “no se cambia de caballo a la mitad del río”; “necesitamos mantener el rumbo” y “López Obrador, un peligro para México”) y, al hacerlo, vulneraron la equidad de la contienda. El Tribunal Electoral le dio la razón, pero concluyó que dichas intervenciones no resultaron “determinantes” para el resultado, pues no afectaron la libertad del voto.

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#ColumnaInvitada | La reforma de la democracia, sin demócratas

Posteriormente, con la reforma electoral de 2007-2008, se aprobó un nuevo modelo de comunicación político-electoral que buscaba subsanar varios de los problemas que hizo evidentes la experiencia del 2006. Por un lado, se prohibieron las “campañas negativas”, es decir, cualquier tipo de proselitismo que pudiera considerarse denigratorio o calumnioso de las instituciones, los partidos o las personas. Por otro lado, se prohibió la contratación de espacios publicitarios en radio y televisión; a partir de entonces, todo el proselitismo se hace a través de los partidos políticos y los tiempos oficiales. Y, por último, se fortaleció la capacidad de las autoridades electorales para monitorear y sancionar las interferencias ilícitas, ya fuera de particulares o de funcionarios públicos, a favor de alguna fuerza política.

He intentado hacer este brevísimo recuento porque la reforma electoral que se discute ahora en el Congreso está planteada desde una premeditada negligencia respecto a la historia del proceso de transición a la democracia y de la centralidad que el concepto de equidad tuvo en el mismo. Es una propuesta de reforma que no solo traiciona la vocación democratizadora de lo que fue la izquierda mexicana en la oposición al menos durante las últimas tres décadas sino que lo hace, además, ignorando a las oposiciones actuales con el objetivo de crear nuevas condiciones de las que podrá aprovecharse, muy deliberadamente, ahora que está en el poder.

En nombre de una reivindicación popular contra las élites y el neoliberalismo, la coalición lopezobradorista está a punto de cruzar –pero en sentido contrario– la línea que marcó el cambio de régimen del autoritarismo a la democracia. Ya ha debilitado a multitud de órganos autónomos; ha menoscabado el sistema de pesos y contrapesos; ha hostilizado a la sociedad civil, a las comunidades culturales y científicas, a la prensa crítica. Ahora está a punto de alterar las normas que regulan la competencia electoral para institucionalizar la inequidad en la contienda. Que nadie se llame a sorpresa después: la supervivencia democrática mexicana se está jugando hoy, aquí y ahora.

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Nota del editor:

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