No obstante, la resistencia al intento de restauración autoritaria no es todavía una batalla exitosa en forma definitiva. Quizás el mayor peligro sea el proceso de militarización que ha puesto en marcha el gobierno actual. Sin duda este se ha consolidado muy rápido y ahora las fuerzas armadas están inmiscuidas en actividades que deberían ser realizadas por autoridades civiles e incluso por el sector privado empresarial. Es preocupante que el Ejército se encuentre gestionando puertos, aduanas, aeropuertos y otro tipo de infraestructura que debería ser administrada por civiles.
Pero el régimen no quiere detenerse ahí y busca que el orden militar desempeñe tareas permanentes de seguridad pública.
Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación infortunadamente acaba de validar “el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido por el presidente en el año 2019.
La controversia constitucional fue promovida en su momento por Laura Rojas Hernández, en su calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el argumento de que este acuerdo militarista invadía las facultades del Poder Legislativo.
Con esta decisión de la Corte las fuerzas armadas podrán, con todas las salvaguardas del caso, continuar realizando tareas de seguridad pública.
Sin embargo, hay que decir que la SCJN no avaló, como lo hace parecer la propaganda oficial, los cambios a la legislación de la Guardia Nacional y demás relacionadas, que se aprobaron hace unas semanas en el Congreso por la mayoría oficialista y el voto concurrente de casi la totalidad de los legisladores de las fracciones del PRI. Queda para otro día que el máximo tribunal de México decida sobre la constitucionalidad de esas leyes, de acuerdo con las cuales, entre otras cosas, la Guardia Nacional debe subordinarse a las fuerzas armadas y formar parte orgánica de la SEDENA. La SCJN también deberá pronunciarse por la constitucionalidad de otorgarle fuero militar a algunos integrantes de la Guardia Nacional.
Nuestra opinión es que la reforma legislativa aprobada y que estará bajo el escrutinio de la SCJN debe ser considerada inconstitucional pues 1) subordina una institución civil, como es la Guardia Nacional, a la SEDENA, al entregarle el control operativo, administrativo y organizativo. 2) abriría las puertas a la impunidad si decide otorgar fuero militar a algunos miembros de las fuerzas armadas, cuya historia es una de abusos de autoridad y de violación a los derechos humanos. 3) en una clara violación a la Constitución mexicana y al derecho internacional, la reforma no prevee mecanismos para que las autoridades civiles puedan fiscalizar la actuación militar. E
Es, por consiguiente, indudable que la reforma militarista propuesta va en contra del orden constitucional de nuestro país y, por tanto, la SCJN deberá pronunciarse en ese sentido. Por el bien de México y sus instituciones políticas fundamentales, esperamos que así sea.
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El autor es abogado y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C.
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