#ColumnaInvitada | Ser comunicador en México
En México, nuestra Constitución siguió la tradición política estadounidense que otorga un lugar prominente a la libertad de prensa y de expresión. No es casual que sea el primer artículo de nuestra Constitución el que verse sobre la libertad de expresión, entendida no solo como la manifestación de ideas, sino como garantía para la convivencia civilizada.
El Derecho Constitucional tiene un respaldo eminente por parte de la tradición de la filosofía política, cuyos mayores exponentes entendieron que sin la libre manifestación de opiniones e ideas no puede existir la civilización.
La Constitución mexicana reconoce como derecho humano la libre expresión de las ideas y establece que éstas no pueden ser objeto de inquisición judicial o administrativa y prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad puede legítimamente establecer la previa censura, ni coartar la libertad de prensa.
No obstante estas prescripciones, el derecho a la libertad de expresión ha sido quebrantado sistemáticamente en los últimos años.
Los ataques verbales hacia periodistas expresados públicamente por las autoridades, especialmente por el presidente de la República, atentan en los hechos contra la libertad de expresión. El escritor Gabriel Zaid ha hecho una lista muy larga de los improperios lanzados desde el púlpito presidencial hacia sus opositores, muchos de ellos dedicados a la palabra escrita.
A esto hay que agregar la tentativa por parte de las autoridades federales por investigar a comunicadores cuando estos han disentido de acciones gubernamentales. La persecución política contra disidentes pertenece a regímenes autoritarios y no a democracias liberales como la nuestra.
Diversas agrupaciones de periodistas nacionales e internacionales han advertido la gravedad del hecho de que el presidente se pronuncie en contra de periodistas en sus conferencias, lo cual tiende a derivar en actos violentos contra los comunicadores. En lo que va de este sexenio han muerto más periodistas comparado con periodos similares en otros gobiernos.
Recientemente algunos periodistas y analistas críticos del actual régimen han interpuesto ya amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandando se respeten sus derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de su profesión.
México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluso cuando se le compara con países en guerra. Ser comunicador en México se ha convertido en una aventura donde la vida está perpetuamente en riesgo. Pero los profesionales de la comunicación no quieren vivir en una película donde ellos mueren. Lo que piden, en contraposición, es protección efectiva ante los ataques de grupos delictivos y los provenientes de otros actores.
La libertad de expresión se caracteriza por ser universal, inalienable, indivisible e interdependiente de los demás derechos humanos. No es un accidente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya determinado que en el ejercicio del poder público se deba salvaguardar su libre y pleno ejercicio. La Corte también señala que los funcionarios públicos no deben realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a riesgos de actos de violencia.
