El presidente de la República ha dicho hasta el cansancio que él promueve una política de austeridad republicana. Inmediatamente surge la pregunta ¿existe una austeridad no republicana?
Me arriesgo a pensar que sí y que la política de austeridad de AMLO no es republicana. Antes que nada hay que decir que una República entraña mínimamente la existencia de diversos órganos de gobierno que se fiscalizan unos a otros. Nada más alejado de la teoría y práctica republicana que el poder unipersonal.
Así las cosas, una verdadera política de austeridad republicana implicaría un acuerdo entre una diversidad de sectores políticos y sociales que asumieran, a partir de un examen racional de la realidad económica, la necesidad de disminuir el gasto público.
Esto ciertamente ha ocurrido en varias democracias del mundo, en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias. Pero esto debe ser una decisión consensuada por los diversos actores políticos y sociales, si es que se tratara de una política verdaderamente republicana.
Las contradicciones de la política de austeridad obradorista son palmarias. No puede ser republicana una política de austeridad que busca desaparecer a organismos autónomos bajo la acusación sin pruebas de que estos son corruptos. No hay hasta ahora una valoración administrativa, contable o gerencial que haya probado que la mayoría o todos los organismos de fiscalización autónomos existan para que quienes los dirigen se hagan ricos. Y esta es la acusación del presidente y de su grupo.
Detrás de este infundio más bien se encuentra el deseo político de controlar centralmente la toma de decisiones y que no exista forma de fiscalizar cómo se administran los recursos. Curiosamente esto sí lleva a que aumente la probabilidad de prácticas corruptas. En una República es precisamente este ecosistema de organismos autónomos de fiscalización los que reducen la probabilidad de que administradores se enriquezcan inexplicablemente.
Otro problema es que el obradorismo en realidad practica una política de austeridad caprichosa, ahí donde no le interesa gastar al Ejecutivo. El gobierno no es de ninguna manera austero cuando se trata de financiar los proyectos favoritos del presidente. No se escatiman recursos en la refinería de Dos Bocas, en Pemex o en el Tren Maya. Esto no sería un problema si no existiera una zona en que se vuelve prácticamente imposible saber el nivel en el que se está excediendo el gasto público en estos proyectos.
Para muchos de nosotros es irracional, desde el punto de vista del bienestar y la justicia ciudadana, que no aumente significativamente el gasto en salud pública o educación, pero sí en los proyectos favoritos del presidente, incluyendo estadios de béisbol.
En síntesis, la política de austeridad del oficialismo es caprichosa, no consensuada e irracional y por ello no puede ser republicana.
El gobierno que sustituya al actual deberá proponer una política de gasto público que beneficie a todos los sectores de una sociedad plural. También deberá ser elaborada por un gobierno de coalición y fiscalizada por un poder Legislativo que ponga en cuestión los presupuestos propuestos por el Ejecutivo.
Deberá fortalecer también el ecosistema de organismos autónomos que regulan y fiscalizan la actuación de los gobiernos. Solamente así tendremos una verdadera visión republicana del poder.
__________________
El autor es abogado y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C.
Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
