Según números oficiales la desaparición de personas va en aumento en nuestro país. Este fenómeno repuntó significativamente desde 2006 con la mal llamada “Guerra contra el Narco”. Desde entonces vivimos una crisis de graves violaciones a derechos humanos.
“Mi hijo desapareció en 2007. En cuanto nos dimos cuenta, fuimos a levantar la denuncia; tardamos más de ocho horas porque era fin de semana y las oficinas estaban cerradas”.
La falta de protocolos especializados, la burocracia, la insensibilidad y la frialdad de los números nos demuestran que la problemática de personas desaparecidas en México ha rebasado por mucho la capacidad de nuestras autoridades.
“Viridiana desapareció hace una década; el 12 de agosto cumplió 31años de edad. A su esposo lo encontraron sin vida 24 horas después de haber sido declarado desaparecido. Desde ese momento las autoridades presumieron la muerte de mi hija y la siguen buscando como cuerpo sin vida; esto sin algún indicio y en lugar de agotar otras líneas de investigación como persona desaparecida”.
Todo ello ocurre a pesar de que México cuenta con un marco normativo robusto en materia de protección contra la desaparición de personas. Sin embargo, a decir de las familias afectadas, de poco sirve este marco normativo cuando las autoridades no hacen su trabajo, cuando los casos sin resolver se estancan al grado de convertirse en papel para reciclar.
“Cuando lo encontramos, ya lo estaban mandando a la fosa sin recabar pruebas para contrastarlas con las fichas de desaparecidos. Los del SEMEFO no hacen su trabajo porque están saturados de cuerpos”.
Es ahí donde el sufrimiento se potencializa. La revictimización, impotencia y frustración de la familias las obliga a realizar el trabajo que compete a las autoridades.
“Vivíamos en Veracruz y mi esposo salió un día en la mañana para buscar pollo para sus perros y desde ese momento no sabemos nada de él. Levanté denuncia y como no sabía qué hacer, pues al principio me fui a mi casa. Dos años después me incorporé a un colectivo, hasta ese momento me empezaron a atender las autoridades”.
Así, son las familias afectadas -madres, padres, hijos y hermanos- quienes salen a las calles, a las montañas, a los ríos y a las fosas para buscar a sus seres queridos. Son las y los que se han visto obligados a convertirse en personas investigadoras; en elaboradoras de protocolos; en excavadoras de fosas; en recaudadoras de fondos y; sobre todo, en luz de esperanza para las demás familias afectadas, porque todos los días hay una nueva familia que no encuentra a algún o alguna de sus integrantes.
“Quedé de comer con mi esposo y mi hijo y nunca llegaron. Ese día a las ocho de la noche recibí una llamada diciéndome que estaban secuestrados y cuando me pasaron a mi esposo, él me pidió que no denunciara porque los iban a matar. Por supuesto que no denuncié. No obstante, sé que con o sin denuncia, en México es exactamente lo mismo”.