La pandemia puede calificarse como el máximo trastorno natural que ha sufrido la humanidad en los últimos años. Los cambios en la sociedad que trajo aparejados han sido múltiples.
En el orden económico trastocó las cadenas de suministro y las redes del comercio mundial. Uno de los sectores que más ha cambiado ha sido el de los semiconductores, que son un insumo estratégico para la cuarta revolución industrial y el mundo de la tecnología 5G.
Como sabemos, los líderes en la producción y abastecimiento de semiconductores se localizan en Asia-Pacífico, en particular en Taiwán y China. Se dice que entre los dos países hay 60 industrias de empaquetamiento que conforman un valor de 600,000 millones de dólares. En comparación con esta suma estratosférica, en América del Norte es de sólo 3,000 millones de dólares. Existe, entonces, un gran terreno para desarrollar este sector en nuestra región.
La pandemia, sin embargo, tuvo el efecto de dislocar las cadenas de distribución desde Asia a Estados Unidos y Canadá. Al parecer, la geografía sigue siendo muy importante aún en el mundo globalizado. Todo esto trajo como consecuencia que en México se comenzara a hablar de una oportunidad perdida. Al parecer el gobierno mexicano no ha sido capaz de aprovechar la situación en Asia para concebir un plan que integre su economía a las nuevas circunstancias derivadas del problema asiático.
En lugar de aprovechar la vecindad con Estados Unidos, el presidente López Obrador ha insistido en tomar la bandera nacionalista y en mantener una querella con los gobiernos estadounidense y el de Canadá.
Pues bien, a pesar de eso, en la reciente reunión de carácter bilateral y en el marco de la Segunda Reunión Anual del Diálogo de Alto Nivel celebrada en la Ciudad de México, tanto la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, como el Secretario de Estado, Antony Blinken, le han insistido a funcionarios del gobierno mexicano acerca de la necesidad de alinear sus políticas en semiconductores.
Ambos funcionarios estadounidenses hablaron de dos legislaciones recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión que buscan impulsar el fortalecimiento de las cadenas de valor en América del Norte. La primera es la Ley de Reducción de la Inflación, a través de la cual se pueden otorgar recursos por 340,000 millones de dólares, por medio de créditos automotrices estadounidenses, para la compra de autos producidos en cualquiera de los tres países signatarios del T-MEC.
La otra Ley a la que aludieron, Raimondo y Blinken, fue la llamada Ley CHIPS, la cual asignará más de 50,000 millones de dólares en fondos públicos a empresas que construyan plantas en Estados Unidos.
Existe, entonces, un potencial para que la industria mexicana se acople a este gran mercado en erupción. En particular se habla de interesantes oportunidades para nuestro país en lo que respecta a pruebas, empaquetamiento y ensamblaje de semiconductores.
Al parecer, la buena fe de los visitantes estadounidenses persuadieron al presidente López Obrador de no hacer el pronunciamiento que tenía planeado contra la posición estadounidense en el litigio comercial relacionado con el T-MEC, durante su discurso del 15 de septiembre.
Esperemos que el gobierno mexicano no se vuelva a equivocar, como ha sido su costumbre, y tome por los cuernos esta oportunidad de oro. Que no sea otra oportunidad desperdiciada.
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El autor es abogado y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C.
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