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Guardia Nacional bajo Sedena: tentación comprensible pero contraproducente

En su #ColumnaInvitada, Suhayla Bazbaz analiza las causas y efectos sobre la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
vie 16 septiembre 2022 12:50 PM
Elementos de la Guardia Nacional
Los elementos de la Guardia Nacional han sido proyectados como los nuevos protagonistas de la estrategia de seguridad pública.

Escribo estas líneas en el contexto del 15 y 16 de septiembre, de la aprobación de reformas a leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional sujetando al personal militar asignado a la Guardia Nacional a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados que atenten contra la jerarquía y la autoridad (entre otras muchas implicaciones) y de la inminente aprobación de la modificación al artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional para ampliar de cinco a nueve años la posibilidad de que el Presidente de la República disponga de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Me pregunto cómo llegamos aquí.

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Repaso mentalmente los argumentos, datos, testimonios, perspectivas y casos paradigmáticos que constituyen evidencia clara de que lo que se requiere es contrario y opuesto a lo que se aprobó. Decido cambiar de estrategia y entrarle en este texto a eso que saben los políticos –de todos los partidos, colores y administraciones– y que usan para incumplir con su mandato más básico que es el de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos empezando por el derecho a la vida, a la integridad y al patrimonio. Me refiero a que conocen y explotan nuestra proclividad a caer en ciertas tentaciones comprensibles pero contraproducentes.

Por lo menos desde hace una década y media nos he visto sucumbir al menos a tres aparentes soluciones (tentaciones) que no solo no resuelven el problema de la inseguridad sino que, de hecho, lo profundizan y agravan.

La primera tentación es la de encerrarnos. Es este fenómeno al que llamamos la “espiral invertida del miedo”. Los delitos ocurren, esa es la realidad, no es solo percepción. Ante ese hecho, las personas y grupos tenemos temor a ser víctimas del delito. Creyendo que si nos aislamos vamos a estar más seguras y seguros nos guardamos en nuestras casas, privadas, unidades habitacionales, fraccionamientos o “ciudades inteligentes”. Nos autoexcluimos y excluimos a lxs otros de nuestra vida cotidiana convirtiéndonos además en clientes cautivxs de la industria del miedo. Según la ENVIPE 2022, el año pasado los hogares gastaron 104.6 mil millones de peso -adicionales a los impuestos que hayan pagado- para adoptar medidas que incorrectamente llaman de prevención o protección pero que pese a que año con año se da ese gasto (y crece), el porcentaje de hogares que tienen al menos una persona integrante víctima del delito aumentó, en vez de disminuir, y este cambio fue estadísticamente significativo. El miedo nos conduce al aislamiento con la consecuente reducción en la interacción significativa con desconocidos y también con conocidos.

El decremento en la interacción significativa dificulta la identificación, refuerza los prejuicios y estereotipos, obstaculiza la empatía y la solidaridad y aumenta la desconfianza. Dicha desconfianza reduce factores de protección y aumenta factores de riesgo acrecentando la vulnerabilidad de personas y grupos ante la inseguridad y la probabilidad de que convertirnos en víctimas del delito. Primero porque nos volvemos menos capaces tanto de evaluar de manera racional y objetiva los verdaderos riesgos –“si ya no sabes dónde está o quién es el enemigo, asumimos que todos los son”- como de adoptar medidas eficaces de prevención y mitigación. Segundo porque así como nosotros desconfiamos de otros esa desconfianza es mutua y recíproca por lo que esos otros también desconfían de nosotros reduciendo nuestras posibles redes de apoyo y ayuda para prevenir o mitigar que seamos víctimas de un delito.

La segunda tentación es distanciarnos y diferenciarnos de las víctimas. Aunque las víctimas no nos son ajenas solemos diferenciarnos de ellas –y entre ellas– para no identificarnos con ellas, para pensar y sentir que si no somos como ellas a nosotros no nos va a pasar, para no ponernos en su lugar porque no queremos imaginarnos en su lugar. ¿Cómo nos distanciamos de las víctimas? Cuando distinguimos entre “víctimas inocentes” (no se merecen lo que les paso) y víctimas culpables” (se merecen lo que les paso), cuando suponemos que “en algo andaban metidos”, cuando pensamos que ser víctima es cuestión de destino “cuando te toca, te toca” o que es cuestión de mérito“, “se la buscó”, cuando les negamos la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley, cuando ponderamos el adjetivo “víctima” en función del delito sufrido, cuando olvidamos las vidas, rostros e historias contenidas en el término “víctimas”, cuando dejamos que reparación integral del daño sea de interés solo para las propias víctimas o para comisiones, gobiernos, especialistas o académicxs.

Esta distancia con quienes fueron víctimas hace que cuando nosotros somos víctimas otros también se distancien dejando nuestra exigencia de verdad, justicia y memoria, nuestra exigencia de garantías de no repetición, en el vacío.

 

La tercera tentación es desinteresarnos y someternos. Nos desinteresamos cuando asumimos que la seguridad es un asunto que le toca única y exclusivamente al Estado y dentro del Estado única y exclusivamente a las instituciones de seguridad. Nos sometemos cuando creemos que si le concedemos fuerza y control a una de esas instituciones –sin restricciones ni reservas reales–, estas realmente van a usar esa fuerza y control para garantizar nuestra seguridad. Lo cierto es que, en el mejor de los casos, su despliegue y presencia no son suficientes para garantizar la seguridad –como ocurrió la Gendarmería, con las Policías de mando único o coordinado y/o con la Policía Federal– y, en el peor de los casos, resulta perjudicial por el incremento en las violaciones a los derechos humanos –particularmente los de ciertas poblaciones que ya de por sí enfrentan discriminación y desigualdades como las mujeres, personas jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes–, como ocurre con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Claro que hay alternativas al paradigma de seguridad que se profundiza y consolida actualmente. Podemos adoptar un paradigma centrado en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y en la seguridad ciudadana, no en el orden público, la supervivencia de las instituciones o la integridad territorial.

Podemos adoptar un paradigma que invierta en la seguridad y no que gaste por la inseguridad desperdiciando recursos públicos y privados en la industria del miedo. Podemos adoptar un paradigma de seguridad desde la acción pública que involucre a los distintos agentes civiles, privados, académicos, mediáticos y públicos -incluidas las distintas autoridades de los diferentes poderes de la unión y órdenes de gobierno- en vez de concentrar y centralizar las funciones en el gobierno federal y en las Fuerzas Armadas.

 

Podemos adoptar un paradigma que conciba el pleno ejercicio de derechos (y su protección ante posibles violaciones o afectaciones) como indicadores de éxito en vez de orientarse solo a reducir la incidencia de ciertos delitos y/o a aumentar los decomisos, detenciones o extradiciones.

Podemos adoptar un paradigma basado en los procesos participativos colectivos y comunitarios –y no en la infraestructura física–. Podemos adoptar un paradigma de seguridad cimentado en una #PrevenciónEnSerio de las violencias, delitos y faltas y en la reparación integral del daño en vez de asumir la represión, la permisión o la omisión-.

Por supuesto que hay opciones, modelos, enfoques y rutas que nos permitirían, como país, aprender de los aciertos y errores y comenzar a dar los pasos en la dirección que verdaderamente se requiere para garantizar la seguridad. Lo que no hay es un contexto que nos permita enfrentar la realidad para dejar de caer en la tentación de las varitas mágicas y empezar a discutir -con sentido de urgencia y emergencia- las posibles soluciones reales basadas en evidencia. Ellos no han estado a la altura y no buscarán estarlo si saben que nosotras y nosotros no hemos dejado de crearles ni de caer en esas aparentes soluciones comprensibles pero contraproducentes.

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Nota del editor:

Suhayla Bazbaz Kuri es directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. Estaba de vacaciones en Londres cuando le dio COVID-19, pudo volver a salir precisamente el día más caluroso en la historia del Reino Unido.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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