La militarización se consolida como política de Estado, advierte Integralia

Este proceso conlleva riesgos como que el Ejército aumente su peso en la toma de decisión gubernamentales fuera de un contexto bélico, que se debiliten las capacidades de instituciones civiles, un detrimento del federalismo, al favorecer a elementos castrenses frente a policías locales, una problemática por la participación de los militares como agentes económicos, que generen un piso disparejo para las empresas en términos de competitividad, sí como una gradual politización de las Fuerzas Armadas, entre otros.

“La entrega de recursos y facultades a las Fuerzas Armadas, junto con los constantes elogios en el discurso oficial y el arropamiento político incondicional, pueden incentivar a los cuerpos castrenses a alejarse de la lealtad institucional a la Constitución Federal y acercarse a la simpatía y el respaldo al proyecto político del gobierno en turno”, advierte Integralia.

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Si bien desde el gobierno de Felipe Calderón se realizaron operativos encabezados por las Fuerzas Armadas, lo que incrementó el número de personal adscrito al Ejército y la Marina, elementos se mantuvieron en las calles con Enrique Peña, en cuya administración se propuso que hubiera 40,000 efectivos de formación civil y entrenamiento militarizado para afrontar al crimen organizado, con López Obrador se apunta “hacia la permanencia de las Fuerzas Armadas y la consolidación de la militarización de la Guardia Nacional y de las tareas de seguridad”.

Actualmente, más del 70% de elementos de la Guardia Nacional pertenecen al Ejército y la Marina, y pese a que originalmente se dio un plazo de cinco años mientras desarrollaba “su estructura, capacidades e implantación territorial”, con las recientes propuestas legislativas, su papel en tareas de seguridad se extendería hasta 2028.

“De acuerdo con información extraída del PEF 2022, el 54% de los elementos de la GN se encuentran adscritos a la Sedena, el 14.2% a la Semar y sólo el 32.4% son elementos reclutados por la GN (entre los que se encuentran aproximadamente 12,000 elementos transferidos de la extinta Policía Federal)”, señala el reporte.

Más presupuesto y atribuciones

Paralelamente a su expansión, las Fuerzas Armadas han tenido mayores recursos públicos: desde 2007 a 2022, el presupuesto asignado incrementó 60.5% en términos reales, solo en el último año recibieron 142,000 millones de pesos, es decir que “tanto su poder fáctico (en la administración pública) como económico han aumentado significativamente”.

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Aunado a esto, se le incrementaron funciones y de responsabilidades a las Fuerzas Armadas, principalmente en la actual administración, pese a que a la violencia y la incidencia en algunos delitos no ha disminuido considerablemente. “Pese a que se ha visto una leve disminución en los homicidios, de 2018 a 2021, la tasa por cada 100,000 habitantes de extorsión aumentó 32.6%, de narcomenudeo 36. 5% y feminicidio, 7.4%”, reporta Integralia.

En contraste, entre 2019 y 2022, se le sumaron 24 tareas a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, entre las que están la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Apoyo al programa Sembrando Vida, la construcción de los tramos 1,6 y 7 del Tren Maya, los cuales son proyectos prioritarios de López Obrador.

También se les ha pedido apoyo para la atención a la emergencia de Covid, el robo a hidrocaburos, entrega de libros de texto, remodelación de 32 hospitales, entrega de recursos de programas sociales, limpieza de sargazo en Quintana Roo, así como la administración y control de aduanas marítimas y terrestres.