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#ColumnaInvitada | Jueces bajo acecho

El respeto del Poder Ejecutivo a determinaciones judiciales debe trascender cualquier agenda política. No hacerlo, como ocurre en México, denota una clara violación a normas de derecho internacional.
vie 05 agosto 2022 06:01 AM
AMLO Tren Maya avanza
Resulta delicado que, para eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales, órganos del Gobierno Federal emitan declaratorias para considerar como de seguridad nacional ciertas obras de infraestructura del gobierno federal, apunta Gustavo de Hoyos Walther.

La independencia judicial es aceptada como base de todo régimen republicano y como principio general del derecho internacional consuetudinario reconocido por las Naciones Unidas.

En días recientes hemos presenciado el desacato por parte del Poder Ejecutivo a las resoluciones del Poder Judicial. También hemos sido testigos de reiteradas descalificaciones y amenazas de investigación a jueces que tienen a su cargo el conocimiento de temas relevantes para el presidente de la República y su gobierno.

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Estas conductas violentan los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho, así como el equilibrio e independencia entre los poderes públicos.

Lo expuesto toma relevancia ya que los jueces son los encargados de adoptar decisiones definitivas con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos, y por ello la autonomía judicial debe ser garantizada.

Al ser elemento fundacional del régimen republicano, la autonomía de poderes y respeto a la libertad personal de los jueces deben garantizar la certeza de que pueden realizar su función jurisdiccional sin injerencias de los demás poderes.

La independencia judicial parte de la lógica de que las decisiones deben tomarse para dirimir controversias por el Poder Judicial, y que no es dable que, a través de tácticas evasivas, el Poder Ejecutivo no cumpla con dichas determinaciones.

Bajo esta premisa, resulta delicado, que, para eludir el cumplimiento liso y llano de las resoluciones judiciales, otros órganos del Gobierno Federal (como el Consejo de Seguridad Nacional) emitan declaratorias para considerar como de seguridad nacional ciertas obras de infraestructura del gobierno federal, las cuales ya estaban suspendidas por orden de los jueces federales, en virtud de resoluciones emitidas en los juicios de amparo.

En una sociedad democrática, cualquier ley o resolución judicial debe ser respetada. Si algún destinatario de la norma o parte en un procedimiento jurisdiccional, incluido el gobierno, no está de acuerdo, existen procesos legales para obtener la ineficacia de la norma o modificar la decisión de los jueces.

El respeto del Poder Ejecutivo a las determinaciones judiciales debe trascender cualquier agenda política. No hacerlo, como ocurre hoy en México, denota una clara violación a las normas de derecho internacional reconocidas por nuestro país.

Así lo establecen los principios relativos a la independencia de la judicatura de la Organización de Naciones Unidas, que señalan que todas las instituciones gubernamentales deben respetar y acatar la independencia de la judicatura para que los jueces puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo.

 

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción reconoce México, ha desarrollado jurisprudencia que enfatiza la importancia de un Poder Judicial independiente para garantizar el derecho a un juicio justo.

La violación a las normas internacionales es clara: los anuncios públicos del presidente respecto de las investigaciones a jueces que han emitido sentencias que no le benefician o que otorgan suspensiones de los juicios de amparo, intimidan a los jueces involucrados y pudiera disuadirlos de desempeñar con absoluta independencia sus deberes judiciales.

Las autoridades deben ser las primeras interesadas en respetar minuciosamente el orden jurídico y los derechos humanos. Allí están los cimientos para conducir el acceso de todos los ciudadanos a la justicia.

El riesgo de erosionar la independencia y autonomía judicial es latente, basta con voltear a ver a países de Latinoamérica, donde los gobiernos han suprimido los contrapesos, expandiendo su poder y extralimitando su mandato, afectando con gravedad la imparcialidad de los jueces.

Es imperativo que la sociedad civil y la comunidad legal nacional e internacional se organicen en defensa de las instituciones democráticas fundamentales y la autonomía judicial. Las organizaciones más relevantes que colegian a los abogados del país ya están alzando la voz. Faltan muchos más por sumarse.

Mientras continúen o se agraven las injerencias del Poder Ejecutivo en los demás poderes, la democracia republicana estará en riesgo.

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El autor es abogado y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

 
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