Estas conductas violentan los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho, así como el equilibrio e independencia entre los poderes públicos.
Lo expuesto toma relevancia ya que los jueces son los encargados de adoptar decisiones definitivas con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos, y por ello la autonomía judicial debe ser garantizada.
Al ser elemento fundacional del régimen republicano, la autonomía de poderes y respeto a la libertad personal de los jueces deben garantizar la certeza de que pueden realizar su función jurisdiccional sin injerencias de los demás poderes.
La independencia judicial parte de la lógica de que las decisiones deben tomarse para dirimir controversias por el Poder Judicial, y que no es dable que, a través de tácticas evasivas, el Poder Ejecutivo no cumpla con dichas determinaciones.
Bajo esta premisa, resulta delicado, que, para eludir el cumplimiento liso y llano de las resoluciones judiciales, otros órganos del Gobierno Federal (como el Consejo de Seguridad Nacional) emitan declaratorias para considerar como de seguridad nacional ciertas obras de infraestructura del gobierno federal, las cuales ya estaban suspendidas por orden de los jueces federales, en virtud de resoluciones emitidas en los juicios de amparo.
En una sociedad democrática, cualquier ley o resolución judicial debe ser respetada. Si algún destinatario de la norma o parte en un procedimiento jurisdiccional, incluido el gobierno, no está de acuerdo, existen procesos legales para obtener la ineficacia de la norma o modificar la decisión de los jueces.
El respeto del Poder Ejecutivo a las determinaciones judiciales debe trascender cualquier agenda política. No hacerlo, como ocurre hoy en México, denota una clara violación a las normas de derecho internacional reconocidas por nuestro país.
Así lo establecen los principios relativos a la independencia de la judicatura de la Organización de Naciones Unidas, que señalan que todas las instituciones gubernamentales deben respetar y acatar la independencia de la judicatura para que los jueces puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo.
