El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal envió el Paquete Económico para 2023 al Legislativo para su análisis.
El presidente López advirtió que en esta ocasión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 ya no reflejaría la “austeridad republicana” que, según el mandatario, es la inspiración para diseñar su Política Hacendaria, de Ingresos y Egresos, sino que estaba vez mostraría una auténtica “pobreza franciscana”.
Esta discusión ocurre en medio de la peor crisis de violencia de la historia. En los 46 meses que lleva el gobierno se rebasaron ampliamente el total de homicidios de la administración de Calderón y estamos próximos a rebasar la totalidad de los de Peña.
Las desapariciones de personas crecieron en este mismo periodo 150%, comparado como entregó el país la pasada administración y -según la misma información de este gobierno- delitos como feminicidio, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones, lesiones dolosas, trata de personas, narcomenudeo, violaciones, robo a transporte de carga, delitos electorales, delitos financieros, tráfico de armas, piratería, contrabando, violencia familiar, se encuentran en máximos históricos.
Por todo ello, los recursos para la seguridad no deberían destinarse con una lógica de pobreza franciscana, sino bajo el entendimiento que la actual crisis de violencia e incidencia delictiva es sumamente compleja y los recortes que se llevaron a cabo en el pasado debilitaron aún más la capacidad institucional para proteger a los ciudadanos y garantizarles un pleno respeto de sus derechos.
Pese a las declaraciones pauperistas de López, el PPEF 2023 presenta un incremento de alrededor del 11.6% con respecto al PEF de 2022.
Sin embargo, el aumento propuesto beneficia más a otros temas que al de seguridad. Si analizamos las 12 acciones principales que contempla el PPEF, “Seguridad y paz para México” es la penúltima acción por su incremento. Para 2023 se proyectan 267,200 millones de pesos a todo aquello que se refiere a la seguridad, justicia, reinserción social y derechos humanos tanto a nivel federal, como local, lo que representa un incremento de sólo 1.8% respecto a 2022.
Evidencia de ello es que el paquete económico 2023 reconoce que mientras el gasto en la función Seguridad Nacional se creció en 4.4% entre 2016 y 2022; el gasto de “Justicia, Orden Público y Seguridad interior” se redujo en 20.2%.
Dichos decrementos afectaron más a la Fiscalía General de la República (FGR), y a las fiscalías y policías estatales -que en promedio recibieron 30% menos que en el periodo anterior- y aún más a las policías municipales de todo el país que en 2021 y 2022 no recibieron un solo peso para su fortalecimiento.
Para el Ramo Defensa Nacional, se proponen 111.9 mil millones de pesos, 2.4% más que en 2022 mientras que para el Ramo 36 ”Seguridad y Protección Ciudadana” el incremento será sólo del 1%.
Por ramos administrativos, de 2022 a 2023 sobresale que el presupuesto de la Defensa Nacional crecerá en un 16.3% y el de la Marina en un 7.4%. Los ramos que menor crecimiento tendrán son Seguridad y Protección Ciudadana con 1% y el de la Fiscalía General de la República con 0.5%.
Pese al grave problema de derechos humanos -tan sólo el primer semestre del 2022, la GN sumó 1,109 quejas por violar derechos humanos y el Ejército 1,019-, el presupuesto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos disminuirá en 0.6% en 2023.
Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del ramo 33, es decir, el dinero que se invierte en policías y fiscalías estatales, incrementará en 4.8%, algo muy por debajo de los recortes presupuestales que sufrieron entre 2019 y 2022.
De nuevo, en 2023 el PPEF no contempla fondos para el fortalecimiento de las policías municipales.
El promedio de países de la OCDE -es decir, los países con una economía similar a la nuestra- gastan más del 3% de su PIB para seguridad y justicia, este año en México destinaremos nominalmente el 1.16% del PIB en el que, aparentemente, quienes no vivirán ni austeridad ni pobreza son las Fuerzas Federales.
Será tarea ciudadana revisar que el uso de los recursos sea el prometido y que éste impacte positivamente en el desempeño de todas las instituciones de seguridad y justicia.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevó este ejercicio con las administraciones de Calderón y Peña. Los resultados fueron sumamente decepcionantes, gastamos poco, mal y sin indicadores de resultados que permitieran entender qué tan efectivo fue su uso, sin la posibilidad de poder identificar mal uso o corrupción.
Más preocupante fue el Estudio de Gasto en Seguridad que se relizó como corte de caja a la mitad de este sexenio. En el que se identificó que una parte muy importante de los recursos federales se desviaron a las obras insignia de este gobierno y no a lo sustantivo en seguridad.
Asimismo, se evidenció la ausencia de transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas armadas que, bajo la excusa de la “seguridad nacional”, impidieron conocer cómo y para qué gastaron -pese a ser quienes más dinero de todos los mexicanos recibieron-.
Ni austeridad republicana ni pobreza franciscana para las Fuerzas Federales, aumentos que no mitigan los recortes pasados ni el incremento desmedido de la inflación para la FGR, la CNDH, los estados y total abandono para los municipios. No sorprende que vayamos tan pero tan mal en materia de seguridad y justicia.
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Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
