El pasado 8 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por decreto transferirá la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La declaración de López no debería sorprendernos, hace meses el presidente había anunciado una reforma Constitucional para que ello pudiese ocurrir.
Ante el rechazo de la oposición y fiel a su estilo, el presidente está dispuesto a violar la ley con tal de que su voluntad se cumpla.
Estas declaraciones no deben ser tomadas a la ligera, tanto por el mensaje que manda que el presidente esté tan fácilmente dispuesto a violar la ley -por la posibilidad que dicho proyecto ocurra-, como por lo que implicaría en términos de la seguridad de los mexicanos.
De tal suerte que es fundamental analizar (1) las vías legales que se propone usar el presidente para lograr su objetivo; (2) la factibilidad de que la GN se incorpore a la Sedena; (3) la pertinencia de la decisión y (4) ¿por qué el presidente insiste en hablar de un proyecto que sabe que es ilegal y por qué lo prioriza cuando la agenda pública está llena de pendientes por atender?
(1) El presidente sabe que es inconstitucional transferir la GN a la Sedena por decreto.
La Constitución establece que las labores de seguridad pública deben estar a cargo de los civiles y no faculta al presidente para que pueda ejecutar por decreto una transformación institucional de tal alcance.
Para que esto se pueda lograr se requiere una reforma constitucional que sea aprobada por ambas Cámaras y 17 Congresos locales.
Como el presidente sabe que su decreto es ilegal, propone seguir ambas vías, el decreto y una reforma constitucional como medio para cumplir su objetivo.
(2) ¿Por qué si existe una vía legal para cristalizar la transferencia de la GN a la Sedena, el presidente propone vías que sabe ilegales?
Porque sí o sí el presidente quiere hacer realidad su proyecto. Como la reconfiguración de las Cámaras no le garantiza la mayoría calificada que necesita, López identifica en el decreto una salida fácil.
Particularmente si recordamos que el presidente sabe que una vez que se publique su decreto, será impugnado por la oposición y será responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver si dicho decreto es constitucional.
Dado que la SCJN ha sido cómplice del Ejecutivo -al omitir resolver acciones de inconstitucionalidad tanto de la GN como del Ejército en labores de seguridad, interpuestas por legisladores y gobiernos locales-, existe una alta probabilidad de que los ministros aliados del presidente defiendan el decreto.
(3) Más allá de la legalidad del proyecto ¿nos conviene que la GN se incorpore a la Sedena? ¿Esta arquitectura institucional garantiza mejorar el combate a los delitos? Nada apunta a un sí.
En las últimas tres administraciones federales la militarización de la seguridad ha sido cada vez más frecuente, al tiempo que delitos y violencia han crecido. De hecho, se ha comprobado que a mayor presencia militar, mayor violencia en el territorio.
Como ejemplo podemos tomar las tasas de homicidio doloso de este primer semestre del año; las seis entidades con mayor presencia de fuerzas federales también son aquellas con la mayor proporción de víctimas de homicidio doloso del país: Colima, Baja California, Zacatecas, Michoacán, Sonora, son respectivamente las entidades más violentas del país -y dicho sea de paso, todas ellas gobernadas por Morena-.
Además, si bien el presidente afirma que, a diferencia del pasado, ni el Ejército ni la GN violan derechos humanos, los datos oficiales de la CNDH y de la FGR exhiben que en los primeros 42 meses de este gobierno las denuncias por tortura, violaciones graves a derechos humanos y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas federales han aumentado significativamente.
Dicho en otras palabras si el mando de la GN se transfiere normativamente a la Sedena es más probable que haya más delitos y más violaciones a derechos humanos.
(4) La insistencia del presidente por transferir la GN a la Sedena -sea por decreto o por reforma constitucional- obedece a dos aspectos: (I) el riesgo que al final de sexenio no pueda cumplir con su promesa de construir una GN que cuente con 175,000 elementos y (II) usar este tema como distractor ante los graves problemas y los innegables fracasos que enfrenta su gobierno.
La GN cuenta sólo con 20,000 plazas, las otras 100,000 que reporta el gobierno federal en realidad son de la Sedena y, según lo que está en ley, deberán regresar al Ejército a final del sexenio.
Por ello la urgencia de López, si no logra transferir la GN a la Sedena entregará una institución de tan sólo 20,000 elementos y no de los 175,000 que prometió.
Si algo es innegable es que el presidente es un gran comunicador para la masas y un gran estratega para distraer.
Mientras el debate del destino de la GN ocurre, el presidente puede dejar a un lado los incómodos “resultados” de su gobierno: el país va muy mal en economía, inflación, salud, comercio internacional, educación, medio ambiente, pobreza, violencia, corrupción e impunidad.
De tal suerte que el presidente prefiere mentir acerca de las bondades de una GN en la Sedena y atacar a los adversarios políticos en vez de explicar el conjunto de errores y fracasos de su administración.
Es necesario que el legislativo y la SCJN estén a la altura de su mandato y a servicio del pueblo y con respeto a la Constitución -esa misma que protege los derechos de todos los mexicanos- y rechacen este peligroso proyecto que sólo impulsaría aún más el crecimiento de los delitos y las violaciones graves a derechos humanos.
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Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
