El pasado lunes 9 de mayo, Yessenia Mollinedo y Sheila García, periodistas veracruzanas, fueron ejecutadas en Cosoleacaque, Veracruz.
Con este homicidio múltiple se han registrado 11 comunicadores asesinados en los primeros 5 meses del año y casi 60 desde el inicio de esta administración.
Indudablemente la libertad de prensa está en peligro en nuestro país, delincuencia organizada, común y autoridades corruptas han generado una ola de violencia para quien se dedica a informar a la sociedad de los terribles sucesos que día a día suceden.
El objetivo es ocultar las redes criminales y de corrupción con autoridades, mantener vigente una narrativa que intenta convencernos que “vamos bien”, pese a que homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, robos en la vía pública y el transporte público, trata de personas, narcomenudeo, violaciones, violencia familiar y lesiones dolosas, se encuentran en su máximo histórico.
Con el asesinato de comunicadores se puede ocultar que desde el inicio del gobierno de López Obrador más de 117,000 personas han sido víctimas de homicidio doloso -de las cuales 12,586 son mujeres-; que 58,000 han desaparecido, que los niveles de impunidad y corrupción crecieron a niveles sin antecedentes.
Otra evidencia tangible de cómo hemos roto récords negativos en materia de violencia, es la comparativa del total de homicidios de periodistas del sexenio de Calderón -que fue de 48- y el de Peña Nieto -cuando se registraron 47- contra los actuales 60 a la mitad de este sexenio.
Aunado a todo ello, el intento por censurar la voz de los mexicanos ocurre también en el espacio cibernético, para personas comunes.
Miles de granjas de bots cotidianamente atacan a quien se atreve a señalar el conjunto de fracasos de este gobierno. Basta un tuit, un post en Facebook que recuerde las deudas que tiene López Obrador, la Jefa de Gobierno capitalino, alguna otra autoridad morenista con los mexicanos, para que de inmediato miles de cuentas falsas -reconocibles por la ausencia de seguidores e interacciones-, desprestigian al crítico y publican datos abiertamente falsos.
Para quienes pertenecemos a la sociedad civil organizada (osc’s), este sexenio ha sido el más difícil que podamos recordar. Nunca un gobierno había intentado modificar normas para inhibir la crítica social, jamás un presidente se había atrevido a publicar información confidencial de periodistas, activistas o donadores de las osc’s, como tampoco existía antecedente de un presidente que se negara a dialogar con las víctimas.
En el periodo de transición y al inicio de esta administración muchos colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, de educación, que atienden temas como salud y pobreza, vieron con esperanza la llegada de un mandatario supuestamente cercano a los problemas de los más necesitados, con una presunta agenda progresista.
Dichas organizaciones y todos nosotros tuvimos que enfrentarnos al cierre de los espacios de comunicación entre osc’s y autoridades federales: ni el presidente ni su gabinete han escuchado a las madres que buscan a sus hijos; a las feministas que piden equidad, justicia y una vida libre de violencia; a los periodistas que piden protección; a los think tanks que pretendemos donar capacitación, insumos, procesos, metodología a las diversas autoridades; a los defensores de derechos humanos que observan cómo la militarización de la seguridad ha llevado a que nuestro país viva la peor crisis de tortura y violaciones graves a los derechos de migrantes y mexicanos.
Ni siquiera importó que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyese el compromiso de enriquecer las políticas de seguridad con los hallazgos de los foros de escucha llevados a cabo en la transición; nada de aquello se cumplió y la voz de la sociedad quedó olvidada.
Tampoco los gobernadores, alcaldes y legisladores de oposición han podido establecer un diálogo en el que las preocupaciones y solicitudes de los mexicanos que no votaron por López Obrador, sean escuchadas.
Sólo recordemos al gobernador de Michoacán, Aureoles, quien intentó ser atendido por el presidente en Palacio Nacional ante la activa participación de la delincuencia organizada en las elecciones locales, y ni siquiera como gobernador constitucional de un estado logró ser recibido.
Más allá de cualquier crítica contra el gobierno federal que tengamos ciudadanos, comunicadores, osc’s, autoridades de oposición, la evidencia más contundente de censura se vive cada mañana, de lunes a viernes, en voz del presidente López Obrador.
Sus conferencias mañaneras se han transformado en el espacio donde se comparten datos falsos, se descalifica la verdad, se juzga y sentencia a opositores. A López Obrador no le ha importado la legalidad de tal acción ni veracidad de sus dichos, la mañanera se ha convertido en el Santo Oficio de la Inquisición.
López Obrador y Morena han logrado silenciar a muchas voces, tanto por las amenazas directas del presidente y sus funcionarios -que incluye el uso de los medios del Estado para extorsionar y callar a algunos-, como a través de la autocensura que otros se imponen por temor a ser exhibidos y denostados en la mañanera; así como con la impunidad que la Fiscalía General de la República le ha garantizado a la delincuencia cada vez que mata a un comunicador, un político, un opositor.
Yessenia Mollinedo y Sheila García son las últimas de una larga lista de voces silenciadas, que seguirá agravándose de cara a las elecciones de 2024, porque lo que le importa a esta administración es presentar los “otros datos” de López Obrador, para silenciar la evidencia del fracaso del gobierno federal y de los gobiernos locales morenistas.
Deseo que la crítica sustentada en datos, que muchos avanzamos, siga teniendo espacios para ser escuchada y evite la censura oficial.
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Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
