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#ColumnaInvitada | La desaparición forzada, un modelo permanente de impunidad

Para el primer trimestre de 2022 se contabilizaban más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México.
lun 05 septiembre 2022 06:00 AM
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas-1
Las desapariciones continúan ocurriendo a diario en nuestro país, lo que refleja un estándar habitual de impunidad, señala Blanca Lilia Ibarra.

Con el afán de sensibilizar, concientizar y llamar la atención de la opinión pública respecto de la desaparición forzada, la Asamblea General de la Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la desaparición forzada se entiende como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

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En mayo de este año, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el Comité contra la Desaparición Forzada, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron su profunda preocupación por el creciente número que alberga el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México.

Para el primer trimestre de 2022 se contabilizaban más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México, lo que fue considerado por el grupo de expertos como “una tragedia desgarradora”.

Esta cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, aunque el 97% se refiere a casos posteriores a 2006. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores. La Alta Comisionada y expertos en derechos humanos resaltaron la magnitud de la tragedia y “la falta crónica de justicia, pugnando por poner fin a ese crimen y resarcir los derechos de las víctimas”.

Los datos desagregados de ese registro nacional indican que cerca de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, y que un 20% era menor de 18 años cuando desapareció.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los allegados de las víctimas y las organizaciones que dan acompañamiento, así como por las autoridades de los tres niveles del gobierno, las desapariciones continúan ocurriendo a diario en nuestro país, lo que refleja un estándar habitual de impunidad.

Un caso emblemático en nuestro país y que en unas semanas se cumplirá otro aniversario de la tragedia, es la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar rastro y sus familias jamás supieron más de ellos.

Desde el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se han resuelto asuntos relevantes sobre el caso Ayotzinapa, es un acontecimiento que es muy recurrido por la sociedad para ejercer su derecho de acceso a la información.

 

En resoluciones recientes, el Pleno del INAI ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a un particular la información sobre el número de casos de tortura, desaparición y masacres que se han registrado en México durante los años 2018, 2019 y 2020. También recientemente ordenó a la misma Fiscalía actualizar la información relacionada con el expediente de investigación del caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En días pasado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presentó un informe actualizado sobre el tema que arrojó algo que, lastimosamente, ya se esperaba: no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida. Sin embargo, también se concluyó que aún existen elementos suficientes para que Fiscalía General de la República continúe indagatorias para deslindar responsabilidades.

Desde 2018 el Pleno del INAI ha resuelto poner a disposición de la población la versión pública de la averiguación previa del caso Ayotzinapa y a lo largo de estos años se han resuelto otros recursos relevantes sobre el caso, por lo que, desde el órgano garante nacional, celebramos que desde el Poder Ejecutivo haya el compromiso de hacer públicos los informes, anexos, pruebas, testimonios y todo aquello que lleve a esclarecer este caso de desaparición forzada en nuestro país.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

 
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