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#ColumnaInvitada | Ayotzinapa: dos preguntas pendientes

Ayotzinapa ha dejado al desnudo desde hace siete años la forma en que la corrupción política y la impunidad escalaron al más alto nivel en el país.
vie 02 septiembre 2022 06:00 AM
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Mientras que el presidente López Obrador declaró que Murillo Karam podría apegarse al criterio de oportunidad, éste declaró que, si bien hubo errores en la investigación, “ninguno ha podido tirar la verdad histórica”.

La investigación guiada por Jesús Murillo Karam, conocida como “la verdad histórica”, se enfocó principalmente en acusar a policías del orden municipal, quienes entregaron a los 43 estudiantes normalistas al grupo delictivo “Guerreros Unidos”.

El señalamiento directo sobre la desaparición fue contra el grupo criminal. Con este enfoque se deslindó de responsabilidad a otras autoridades, instituciones y órdenes de gobierno. Según el procurador en tiempos de Enrique Peña Nieto, todos los jóvenes habrían sido llevados al basurero de Cocula, donde fueron asesinados, incinerados y sus cenizas esparcidas en el Río San Juan.

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El informe realizado por la Comisión de la Verdad y presentado por Alejandro Encinas, afirma que la desaparición de los estudiantes se trató de un “crimen de Estado”, en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada, coludidos con autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación de mandos y tropas del Ejército Mexicano.

Esta investigación afirma que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, ya que fueron separados en tres grupos, para posteriormente ser asesinados y llevados a lugares distintos. La Comisión da cuenta de la existencia de un joven llamado Julio César López, quien fungía como informante del Ejército.

La llamada “verdad histórica” se fundó sobre la base de un montaje, con información manipulada y con testimonios obtenidos a base de torturas, con el fin de establecer hipótesis ajenas a la verdad de los hechos.

Mientras que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se trataron de encuadrar estos acontecimientos como un “hecho fortuito”, en el gobierno de AMLO se subraya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de “la movilización de los muchachos”, incluso desde días antes al 26 de septiembre.

Una vez que se le ha vinculado a proceso, Jesús Murillo Karam podría recibir una sentencia de 82 años de cárcel por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia, tipos penales con los que fue imputado por la FGR. Esta dependencia busca imputar también a 20 militares, entre mandos y personal de tropa. Los padres de los 43 normalistas darán a conocer su posición el próximo jueves.

Mientras que el presidente López Obrador declaró que Murillo Karam podría apegarse al criterio de oportunidad, éste declaró que, si bien hubo errores en la investigación, “ninguno ha podido tirar la verdad histórica”.

Mas allá de esta nueva posición pública, lo cierto es que tanto alrededor de lo presentado con Murillo Karam como con lo recientemente expuesto por Alejandro Encinas, en todo momento ha estado presente la idea de que los estudiantes fueron atacados, pues habían tomado -por error o con conocimiento de causa- un camión que estaba cargado con droga (así lo supuso el propio Grupo Internacional de Expertos Independientes de la ONU).

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La pregunta puntual al actual gobierno sería, ¿cómo funcionaba el esquema de corrupción que permitió el involucramiento de múltiples autoridades y órdenes de gobierno en torno al tráfico de estupefacientes que van desde Iguala hasta Chicago? ¿Podemos asegurar que dicho entramado criminal-institucional ya no existe?

Por otro lado, dado que este hecho ha sido calificado como un Crimen de Estado, habrá que revisar a fondo si es que Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento o no, de las torturas y distorsiones en la investigación que dieron pauta a la configuración de la verdad histórica que hoy ha sido señalada. Si así fuera, este informe marcará un antes y un después para la historia moderna del país.

Ayotzinapa ha dejado al desnudo desde hace siete años la forma en que la corrupción política y la impunidad escalaron al más alto nivel en el país. La #SociedadHorizontal debe exigir que en este tema se llegue hasta las últimas consecuencias. De ello depende la verdadera posibilidad de iniciar un nuevo rumbo para México.

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Nota del editor:

El autor es abogado y economista, fue diputado federal, senador de la República y aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia.

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