El documento presentado indica que “algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto”.
El escenario general, en 2022, fue de relativa estabilidad tras los claros retrocesos de los últimos años. Varios gobiernos hicieron de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones una prioridad. En particular, señala que el entorno anticorrupción se mantuvo estable incluso en países donde hubo elecciones recientes como Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, lo que indica la fortaleza de ciertas instituciones clave.
En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados y la impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.
El Índice toma en cuenta diversas variables como la independencia de las instituciones judiciales o los recursos disponibles para combatir los delitos de corrupción. Los países con los puestos más altos en el Índice se consideran más propensos a ver a los actores corruptos procesados.
El país con mayor puntuación en el Índice CCC 2022 es Uruguay (7.42 sobre 10); le siguen Costa Rica (7.11), Chile (6.88), Perú (5.66), República Dominicana (5.19), Argentina (5.04), Panamá (4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4.76), Paraguay (4.45), México (4.05), Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63).
Para el caso de México, el estudio revela que nuestro país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en la de democracia e instituciones políticas.
En el reporte se hace referencia a los esfuerzos del Poder Ejecutivo para interferir en asuntos legislativos y judiciales, y subraya los ataques al Poder Judicial y a instituciones públicas autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros.
Resalta que la propuesta del Ejecutivo de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.
