Ante esa sospechosa pasividad en 2018, TOJIL y MCCI presentamos una denuncia ante la Fiscalía General para exigir que se investigaran los hechos ocurridos en Sedesol y Sedatu relacionados con una gran red de posible corrupción en la que estarían involucrados muchísimos servidores públicos de todos los niveles, universidades públicas y empresas fantasma.
Pese a que lo más importante de la investigación era desentrañar la red, evidenciar qué es lo que ocurrió en un juicio siguiendo las reglas del debido proceso, reparar el daño y sancionar a los culpables con mayor responsabilidad, la Fiscalía General decidió negar todos esos objetivos y solo centrarse en una investigación y escrutinio de una sola persona en el caso: Rosario Robles.
Como mencionamos, la investigación de la FGR ha sido por demás deficiente. En lugar de llevar a cabo una investigación rigurosa e imparcial de todas las personas involucradas y explorar todas las posibles líneas de investigación, durante los últimos tres años la Fiscalía se ha enfocado en presentar a Rosario Robles como la única responsable de alto perfil de una compleja red de corrupción y de vender su encarcelamiento como sinónimo de justicia.
Recordemos que Robles estuvo privada de su libertad no por haberse comprobado su culpabilidad en la red de corrupción, sino porque desde agosto de 2019 un juez federal la vinculó a proceso por el delito denominado “ejercicio ilícito del servicio público” , que puede sancionarse con pena de prisión de 1 a 3 años o de 2 a 7 años, dependiendo la conducta cometida.
Además, le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada al considerar que la exfuncionaria podía fugarse del país y destruir evidencia relevante para el caso.
Es necesario recalcar que esa medida cautelar era el único motivo por el cual Robles permanecía en la cárcel, ya que no se ha dictado una sentencia condenatoria en su contra.
Ante esto, no sorprende que haya sido liberada recientemente; más bien es una consecuencia lógica del manejo deficiente que la FGR ha tenido con este caso. En principio, porque las condiciones por las que se logró esa prisión preventiva eran bastante dudosas y parecían más una rencilla política, así como la falta de investigación y persecución de los demás posibles involucrados.
Por ejemplo, el artículo 20 constitucional establece que esa medida cautelar no podrá exceder del tiempo máximo de la pena prevista para el delito y, además, que en ningún caso deberá superar los dos años.
A pesar de lo anterior, desde la imposición de la medida hasta la fecha de su liberación pasaron más de tres años, superando el plazo máximo previsto en la Constitución. Aunado a ello, a principios de este año, un tribunal constitucional federal determinó que el fiscal Alejandro Gertz Manero había violado el derecho de presunción de inocencia de Rosario Robles y lo obligó a abstenerse de emitir opiniones en el caso.
Otro tema de ineficiencia que preocupa es la omisión, por parte de la fiscalía, de ejecutar una orden de aprehensión girada en contra de Rosario Robles desde octubre de 2020 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
A pesar de que Rosario Robles estaba localizada al encontrarse en prisión preventiva y de que la fiscalía pudo ejecutar esa orden y comenzar un proceso penal por dichos delitos, esto nunca ocurrió. Actualmente ya no es posible detenerla otra vez, pues dicha orden fue suspendida por un juez federal en un juicio de amparo.
