El lunes, el FBI dio un paso inédito en la historia de Estados Unidos cuando allanó la residencia de Donald Trump en el sur de la Florida. Nunca el aparato de justicia estadounidense había sometido a un expresidente a una investigación de este calibre.
El hecho inmediatamente generó reacciones estridentes e imprecisas.
El primero en ceder a la tentación de la destemplanza fue, por supuesto, el propio Donald Trump, quien se dijo víctima de un asedio similar a Watergate. Los medios de comunicación conservadores en Estados Unidos hicieron eco de las palabras y el análisis (es un decir) de Trump. Acusaron el gobierno y al FBI de actuar como herramientas políticas.
La realidad es distinta.
Lo cierto es que, para obtener una orden de allanamiento como ésta, el FBI debió convencer a un juez magistrado federal de la existencia probable de evidencia de un delito en el lugar allanado, en este caso, la residencia de Trump.
Si ni el FBI ni el Departamento de Justicia han dado detalles de lo ocurrido se debe a que ninguno de los dos acostumbra a hacerlo durante una investigación en curso. Nada sospechoso nada inusual: es la manera como se conduce este tipo de asuntos.
El desenlace legal está en el aire. Es posible que jamás conozcamos lo que encontró el FBI en la residencia de Mar-a-Lago. Pero también es posible que el Departamento de Justicia decida proceder contra Trump. Eso daría paso a la arena política, en la que Trump seguramente se verá beneficiado por la narrativa de víctima que ya construye.
Por lo pronto, sin embargo, lo que existe es un acto legal y legítimo: el allanamiento, con orden en mano, de la residencia de un hombre que, todo parece indicar, en quizás culpable de un crimen. Que ese hombre sea expresidente de Estados Unidos y posible candidato presidencial en el siguiente ciclo convierte al momento en algo extraordinario.
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