Nadie puede llamarse a sorpresa por la intención de impulsar una reforma electoral tan anunciada. Una vez instalada la LXV Legislatura, que comenzó sus trabajos en septiembre de 2021, se amplió el abanico de comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados para pasar de 46 a 51. Entre ellas se creó la comisión de Reforma Política-Electoral, con el claro objetivo de recibir, en algún momento, la propuesta del presidente.
Hasta el 22 de julio de este año, a la comisión le habían sido turnadas 67 iniciativas, de las cuales apenas ha aprobado tres, teniendo como pendientes 63, es decir, el 94%. Claramente no se trata de una de las comisiones más importantes o de más interés para los legisladores.
En la actual Legislatura (2021-2024) se han presentado 2,562 iniciativas, de las cuales se han aprobado apenas 152, lo que representa una tasa de éxito de 5.93%. Pero hay un dato a destacar: la probabilidad de que a un legislador del PAN o del PRI le sea aprobada una iniciativa es mayor que para uno de Morena. Mientras que para el partido del presidente la tasa de éxito es de 5.44%, para el PRI es de 7.27% y para el PAN de 6.66%. Más negociación que avasallamiento, al menos eso sugieren las cifras al momento.
La materia prima para la discusión durante los foros se compone de 42 iniciativas: 18 propuestas por legisladores de Morena, siete del PAN, seis de Movimiento Ciudadano, cinco del PRI, tres del PT, una del Congreso de Aguascalientes y una respaldada por diputados de diversos partidos. Aunque desde luego que en el centro de las discusiones se encuentra la iniciativa del presidente, fechada el 28 de abril de 2022.
Se plantea reformar 18 artículos de la Constitución Política, lo que significa que se requiere de mayoría calificada en ambas Cámaras legislativas, algo con lo que no cuenta Morena: tiene justamente 200 diputados, el 40% de la Cámara baja. Sus aliados, el Partido Verde y del Trabajo, le aportan tan sólo un 8% y 7.2%, para un total de 55.2%: mayoría absoluta, pero no calificada (66.6%).
Morena es el partido que ha hecho los llamados para aprobar la reforma. Legisladores de ese partido han realizado ya 26 asambleas distritales informativas y tienen planeado alcanzar hasta 400, un número mayor a las 380 que lograron en torno de la discusión de la reforma eléctrica.
Debe calificarse como algo inusual. Comúnmente es desde la oposición desde donde se impulsa este tipo de transformaciones legales, con el propósito de defender o ampliar sus posiciones. Son ahora quienes ostentan el poder los que advierten sobre posibles regresiones autoritarias.
Llama la atención que se hagan rebatos “por la defensa de las libertades y la democracia” colocando al INE como el adversario. A raíz del ordenamiento de este instituto a servidores públicos y legisladores morenistas a no realizar eventos proselitistas como los del 12 y 26 junio en el Estado de México y Coahuila, gobernadores, funcionarios federales, legisladores y dirigentes de Morena manifestaron: “El hecho de que se nos impida participar, convocar y organizar eventos públicos y asambleas informativas de Morena, evidencia una parcialidad inadmisible y confirma la urgente necesidad de impulsar una Reforma Electoral que garantice una democracia plena y evite cualquier regresión autoritaria en México”.