Instituciones como los organismos públicos locales electorales (OPLES) no se encuentran blindadas a la disputa política. Nadie puede negar que generan fallos con una muy alta especialización, pero tampoco que en su seno se reflejan los conflictos propios de la lucha por la obtención y el ejercicio del poder. Son órganos no electos popularmente que toman decisiones que impactan sobre quiénes serán las autoridades sí electas por la ciudadanía.
Con una elección tan relevante en ciernes, el IEEM comienza a agitarse. Lo primero que llama la atención son los cambios que afectan de manera directa su estructura y que se realizaron apenas tres días antes de que Amalia Pulido Gómez fuera designada como consejera presidenta.
El 27 de junio se creó, por la vía rápida, la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género, además de que la Unidad Técnica de Fiscalización se incorporó a la Dirección de Partidos Políticos. Que estos movimientos se hayan realizado con tanto apuro hace pensar que tienen el propósito de restar influencia a la nueva presidenta.
La consejera electoral Karina Ivonne Vaquera cuestionó con dureza la premura y la prisa con que se hicieron los cambios: “es muy sospechoso que tan cerca de la llegada de la presidenta se hagan cambios internos con tanta ligereza; por qué no esperarla para votar como colectivo, esperar su opinión y generar su involucramiento. El Consejo no puede pretender heredar una estructura planchada a la nueva presidenta, mucho menos cuando el documento tiene deficiencias porque se hizo sobre las rodillas”.
Días después, el 30 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el nombramiento de la presidenta del IEEM para un periodo de siete años. Ya se habían desarrollado dos esfuerzos fallidos, que resultaron desiertos pese a la participación de 34 y 70 aspirantes, respectivamente.
De entre 52 contendientes, en esta tercera ocasión el INE se decantó por Pulido Gómez, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien es además una activista que pertenece a la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Representantes de Morena y el PT argumentaron que no es la persona ideal para el cargo.
La nueva consejera presidenta no cuenta con experiencia en la materia electoral y se le acusó de ser una propuesta cercana al actual gobierno del priista Alfredo del Mazo. Se señala un posible conflicto de interés debido a que es esposa de Bernardo Jorge Almaraz Calderón, titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) desde octubre de 2020 y quien se desempeñó, durante la actual administración, como jefe de la Oficina de Enlace de la gubernatura.
