Partamos de bases torales. Nada en la historia de la humanidad ha demostrado que sean las decisiones o caprichos de una sola persona (por bien intencionadas que puedan asumirse o esgrimirse) la vía mediante la cual se pueda lograr progreso real y solución de problemas para una nación o territorio específico. De hecho, lo contrario es cierto. Son la consolidación de un régimen legal y la fortaleza institucional lo que puede generar una salida real a los problemas, carencias y prioridades específicas para una nación y su grupo poblacional. La demagogia no sirve, pero sí destruye.
En el caso mexicano somos el ejemplo viviente de cómo en las épocas de caudillos es cuando se han dado los efectos más lesivos en cuanto a avances en temas económicos, legales, sociales, políticos, etc. A partir de la época de la Independencia y prácticamente durante todo el siglo XIX, el país se debatió entre múltiples facciones y posturas, pero con gran desgaste porque no se contaba con bases institucionales. Aunque en el porfiriato se dieron algunos avances económicos importantes, la no consolidación de un régimen democrático propició el rompimiento en la Revolución Mexicana.
Después vino un par de décadas de inestabilidad que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, dio pauta para que finalmente la economía mexicana creciera en forma consistente. Así se empezaron a forjar los cimientos de una base mucho más sólida de desarrollo a partir de un sistema legal y económico que generó benefactores para la población general.
El populismo de los 70’s y el de los 80’s generaron una turbulencia importante que dio como resultado un proceso de reajustes y la demanda legítima de tener una mucho mayor apertura en cuanto a procesos electorales y de contrapesos, misma que a finales de los 90’s permitió lograr reformas y estructuras que desembocaron en la transición democrática en 2000.
Así se abrió la posibilidad de que por la vía institucional se dieran alternancias pacíficas, se consolidaran los organismos que dan sentido a elecciones libres, acceso a información pública, competencia económica, manejo de recursos energéticos, evaluaciones educativas, etc.
El recuento que hacemos es importante porque no podemos olvidar todo lo que ha sucedido a lo largo de muchas décadas para que gradual, pero consistentemente, se lograran mejores condiciones de participación ciudadana, protección de derechos humanos, conquista de mejoras institucionales, y solidificación de mejores bases para una real movilidad social. Evidentemente se registraron muchas deficiencias, pero la ruta de mejoría era visible y se requería profundizar, no dinamitar cambios.
Son esas instituciones las que permitieron el resultado electoral en 2018 y que hoy tristemente están en serio riesgo de debilitamiento o destrucción. Quien se benefició de ellas ahora es su principal enemigo. El presidente no quiere otra transición. No quiere proyectos diferentes. No tolera la disidencia. No confía en la ciencia o las mejores prácticas. La única realidad que le parece viable es la que él concibe e imagina todos los días.
