Pocos meses después, durante la etapa de transición entre el gobierno de Peña Nieto y López Obrador, el ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negoció con la Casa Blanca la implementación del programa “Quédate en México” que viola tratados internacionales y nuestra propia legislación. El objetivo de este programa es que los funcionarios estadounidenses envíen a México a los solicitantes de asilo que llegaron a su territorio. Desde enero de 2019 hasta enero de 2021, el gobierno de Trump envió bajo este programa a más de 71 mil solicitantes de asilo a México, incluyendo a miles de niños y niñas (Human Rights Watch).
El legado racista de Trump aún se litiga en los tribunales. En marzo de 2020 la Casa Blanca impulsó el denominado Título 42, una disposición que permite al gobierno de EEUU expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresen en su territorio incluyendo a los solicitantes de asilo. La semana pasada un juez impidió a la administración Biden levantar esta disposición, una decisión que prolonga los riesgos y amenazas que viven miles de migrantes. Desde que se implementó esta medida, EEUU la ha aplicado a más de 1.9 millones de personas.
Nadie decide cruzar el desierto, atravesar el río, contratar polleros, lidiar con tratantes, exponerse a abusos sexuales o incluso a la muerte, si no existe una amenaza aún mayor de la que se tenga que huir. En 2021 Honduras reportó una tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) de 38.6, México de 26, El Salvador de 17.6 y Guatemala de 16.6 (InSight Crime). Adicionalmente, la pandemia empobreció gravemente a América Latina dejando a 22 millones de personas más en pobreza (CEPAL).
