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#ColumnaInvitada | El Ejército y la democracia en México

La causa principal de la progresiva militarización del gobierno civil es que nuestra transición a la democracia no incluyó una refundación de la relación cívico-militar.
mié 25 mayo 2022 05:00 AM
Andrés-Manuel-López-Obrador-Fuerza-Aérea-Mexicana
Al conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el jefe del Ejecutivo exaltó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea como pilares del Estado mexicano.

Como lo he hecho en otros textos, insisto en la necesidad de observar la militarización del gobierno civil y la politización de las fuerzas armadas en México como procesos paralelos de largo aliento, como procesos históricos en gestación, y no solamente como dinámicas coyunturales y exclusivas de este sexenio.

Esto no significa ignorar la responsabilidad del gobierno de López Obrador. Todo lo contrario, siempre la he señalado y criticado, pues la militarización del gobierno civil y la politización de las fuerzas armadas han avanzado a pasos agigantados durante el sexenio obradorista.

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No obstante, si simplemente nos limitamos a culpar al actual presidente, seremos incapaces de analizar las raíces profundas de estos procesos y, por tanto, caeremos en el error de pensar que, cuando termine este sexenio, quedarán conjurados los riesgos derivados del empoderamiento político-económico de los militares.

Con base en estas consideraciones, sostengo que la causa principal de la progresiva militarización del gobierno civil es que nuestra transición a la democracia no incluyó una refundación de la relación cívico-militar. Por el contrario, los viejos arreglos informales del régimen posrevolucionario persistieron, al tiempo que el Ejército creció en elementos, facultades, poder político, injerencia económica y presupuesto.

En colaboraciones anteriores he explicado más a detalle este asunto, por lo que ahora no me interesa profundizar en mi argumento. Más bien, considero importante reflexionar sobre el papel que idealmente debe desempeñar el Ejército en un país democrático para, a partir de ahí, dimensionar por qué el estado actual de cosas en México es sumamente preocupante.

Un libro muy útil para este propósito es Civil-Military Relations and Democracy, coordinado por Larry Diamond y Marc F. Plattner. La obra ya tiene sus años (se publicó en 1996), pero, como ocurre con muchos textos escritos durante el apogeo del optimismo democrático-liberal que caracterizó a la posguerra fría, es útil leerla en la actualidad para comparar las expectativas sobre la democracia modelo que existían en los años noventa y lo que acabó ocurriendo en realidad.

Así pues, me permitiré resumir, de forma apretada, algunas condiciones mínimas que los autores de esta obra consideran que debe cumplir una relación cívico-militar saludable para una democracia. No se trata de reglas escritas en piedra, pero sí son recomendaciones del papel que las fuerzas armadas deberían desempeñar en sistemas políticos democráticos, o bien líneas rojas que, si el Ejército cruza, la democracia y la estabilidad republicana pueden correr peligro.

En primer lugar, lo deseable es que los ministerios de guerra (Sedena, en el caso mexicano) estén dirigidos por funcionarios civiles y que el gobierno incentive la formación de cuadros civiles especializados en seguridad nacional y labores de inteligencia, para así no depender enteramente de las cúpulas militares para la planeación y la ejecución de estas tareas básicas para preservar la integridad y la estabilidad del Estado.

Esto está muy lejos de ocurrir en México, pues las Secretarías de Defensa y Marina nunca han dejado de estar bajo el dominio de militares. Lo preocupante es que el único momento en que se discutió seriamente la posibilidad de que civiles encabezaran estas dependencias fue durante el sexenio de Vicente Fox; sin embargo, como en muchos otros frentes, el presidente panista optó por preservar los viejos arreglos políticos priistas. Así las cosas, los militares siguen llevando la voz cantante en las políticas de seguridad e inteligencia.

En segundo lugar, en un país democrático, es deseable que la Constitución especifique qué tareas pueden desempeñar las fuerzas armadas en “tiempos normales” y cuáles están reservadas para circunstancias “excepcionales”. Estas últimas deben estar bien delineadas, con temporalidades y márgenes de acción definidos.

Es obvio que eso tampoco ocurre en México. Los militares llevan lustros desempeñando tareas de seguridad pública y, ahora, también labores de construcción, reparto de programas sociales y un sinfín de responsabilidades, sin un marco legal que sustente y acote estas actividades.

En tercer lugar, en medio de una transición a la democracia, no se recomienda otorgar a los militares tareas que representen “privilegios y beneficios adicionales” para el Ejército, puesto que después serán “reacios a renunciar a ellas”.

Tampoco es recomendable encargar a los militares labores que impliquen la pérdida de formación, talento y capacidades de cuerpos civiles en áreas de gobierno ajenas a la seguridad nacional.

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Finalmente, si se solicita a los militares asistencia en labores de seguridad pública, se debe procurar que sea temporal y hay que cuidar que la milicia no se convierta en una “policía permanente”.

Todo lo contrario ha ocurrido en México. Por un lado, el Ejército tiene cada vez más tareas y recursos: tantos que difícilmente algún gobierno civil se atreverá a quitárselos. Por el otro, la funcionalidad y la capacidad operativa del gobierno federal depende en cada vez mayor medida de las fuerzas armadas, y el Ejército ha sustituido a las policías civiles.

Hay aún más condiciones para una relación cívico-militar democrática que México incumple. Si hacemos el recuento de todas, el panorama es aterrador. Hemos cruzado demasiadas líneas rojas sin siquiera darnos cuenta. Mucho me temo que hemos llegado a un punto de no retorno. Vivimos en un Estado militarizado.

Agradezco a Jorge Javier Romero por la recomendación del libro citado en esta columna.

Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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