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Sonaba bien, pero sólo empeoró

En seguridad, este gobierno no solo no ha cumplido con aquellas propuestas vanguardistas y disruptivas, sino que tampoco ha sido capaz de aprovechar los instrumentos que tiene a su disposición.
lun 16 mayo 2022 06:00 AM
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Los ataques en los estados no han disminuido en la actual administración.

Uno de los temas en los que el Presidente generó más expectativas durante su campaña de 2018 fue el de la seguridad. Los postulados que él, y algunos de su equipo, expusieron eran disruptivos pero interesantes, y muy distintos a lo que por 12 años escuchamos de los gobiernos anteriores.

Hablaban de propuestas y conceptos que en muchos causaban reticencia y hasta shock, por novedosos, pero que en muchos otros, más entendidos de la problemática, llevaban automáticamente a un claro beneficio de la duda.

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El entonces candidato, tuvo como una de sus banderas el impulsar la ley de amnistía. El argumento era sólido: excarcelar a aquellas personas presas por abortar, por delinquir bajo coerción del crimen organizado (si no era delito grave), indígenas sin acceso a debida defensa, entre otros conceptos.

La amnistía ya se había usado en otros países, con éxito. Y en México se había usado al menos en cuatro ocasiones, principalmente por motivos políticos. Por eso, ante el profundo entorno de violencia generado desde 2007, y ante el hacinamiento carcelario, parecía una alternativa relevante.

¿Qué pasó? Muy poco, o casi nada. Menos de 50 personas han salido en libertad mediante el uso de la ley de amnistía. Si bien se han dado preliberaciones en otras condiciones, por la ley en sí el número es irrisorio.

Otra propuesta importante de campaña, principalmente abanderada por la exministra Sánchez Cordero, era la legalización y regulación del uso de la mariguana. Fue uno de los temas que más atractivo tuvo en su momento entre expertos en drogas y seguridad.

A cuatro años de que ganó la Presidencia, tres y medio de ser Presidente, la propuesta sigue durmiendo el sueño de los (in)justos. Sánchez Cordero ya fue senadora, después miembro del Gabinete (no recuerdo el cargo), regresó al Senado como su Presidenta, y sigue sin haber legislación.

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No solo eso, tardaron dos años en emitir el reglamento de la importantísima e icónica reforma de 2017, con la que se permitió el uso medicinal, terapéutico y científico de la cannabis, además de liberarse el uso industrial del cáñamo. Y el mediocre reglamento ni siquiera se ha aplicado a cabalidad.

Un beneficio claro de lograr una regulación integral de cannabis sería el de reorientar muy necesarias energías y fuerzas de seguridad en combatir delitos mayores, además de minimizar la entrada de personas a las cárceles por portar la ridícula cantidad de más de 5 gramos de esta planta.

También se habló mucho en campaña de la justicia restaurativa, como parte de los esfuerzos integrales para revertir los problemas de inseguridad y violencia, y para lograr una reinserción social efectiva. De esto, nada se ha hablado ya durante la administración.

Pero este gobierno no solo no ha cumplido con aquellas propuestas vanguardistas y disruptivas, sino que tampoco ha sido capaz de aprovechar todos los instrumentos jurídicos que tiene a su disposición.

El actual gobierno debe ser al que mejor marco legal y regulatorio se le heredó al momento de su toma de protesta. En materia de seguridad y justicia, este gobierno tiene herramientas que ninguno tuvo; buenas, regulares o malas, pero las tiene.

A este Presidente, derivado de la reforma de 2008 al sistema de justicia penal que ni Calderón ni Peña lograron implementar, se le dejó un Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento mucho más moderno para agilizar la impartición de justicia, garantizando derechos de las víctimas.

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Se le dejó una importante reforma del sistema penitenciario, que buscaba que las cárceles dejaran de ser las grandes escuelas de crimen y los grandes centros de violaciones a los derechos humanos. Volverlos verdaderos centros de readaptación y de reinserción en la sociedad.

Además de impulsar que se otorguen habilidades de trabajo, atención en salud, y deporte a las personas en prisión, se introdujo el principio de justicia terapéutica para propiciar la rehabilitación de personas sentenciadas por consumo de sustancias.

Lejos de saber usar este instrumento, el actual gobierno ha descuidado aún más el sistema penitenciario, volviéndolo formalmente en el gran centro de operaciones de extorsión, y buscando cómo encarcelar a más personas al tratar de revertir los límites de la prisión preventiva oficiosa.

Y como estos instrumentos, hay un largo etcétera, como la ley de Tortura, la legislación sobre desaparición forzada, entre muchos otros que deberían darle muchas ventajas al gobierno para combatir la degradación actual del país.

Finalmente, la 4T no ha movido un dedo en materia de prevención social de la violencia, la principal herramienta que debería usar, a pesar de contar con un sólido marco en la materia. Y ha quitado todo el presupuesto de seguridad a la primea línea de batalla, que son los gobiernos municipales.

Eso sí, ha profundizado de manera inusitada la militarización que caracterizó a Calderón y Peña, pero ahora sin la menor estrategia, con icónicos episodios como el desastre de la detención/liberación del chapito, o su fraternal relación con la madre del Chapo.

La semana pasada todo quedó claro. Al Presidente le preocupa más “cuidar” a los criminales que a la propia sociedad. Así que los siguientes dos años y medio podemos esperar mayor descomposición y menor efectividad.

El tema de seguridad y violencia, junto con el tema energético, serán de los principales desestabilizadores que la 4T le heredará a un México ya de por sí endeble. Regresión sin cortapisas.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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