“Nos quedan por resolver 795 casos, 642 corresponden a mujeres y 153 a hombres (…) Estamos en proceso para que en el primer trimestre del próximo año todos los pendientes queden resueltos”, afirmó Encinas Rodríguez.
El subsecretario señaló que se trata de atender delitos contra la salud, delitos que se apegan a votación de ley de víctimas y otros vinculados con abusos en comunidades indígenas, principalmente.
Con la implementación de la Ley de Amnistía, explicó, se busca atender irregularidades, abusos, incompetencias y falta de procesamiento jurídico adecuado en delitos asociados con:
- Interrupción legal del embarazo.
- Delitos que se comenten en pueblos indígenas donde no se cumple con los procedimientos adecuados para garantizar un traductor.
- Robo sin violencia.
- Casos de tortura.
“Se decreta a favor de aquellas personas que hayan sido objeto de un proceso inadecuado, en donde ya existe sentencia firme, se trata de beneficiar a personas que no sean reincidentes y no se beneficia a personas que hayan cometido delitos graves de sangre posterior, solamente antes”, comentó.