Al Presidente de la República le molesta la democracia, le incomoda el pluralismo, por eso quiere destruir al INE y la iniciativa anunciada en materia electoral es una muestra más de su autoritarismo y falta de visión.
La economía está en crisis, la violencia está desbordada, las desapariciones han llegado a sus más altos niveles, pero en lugar de que este gobierno dé resultados, pierde su tiempo en cortinas de humo.
La llamada 4T no cumple con lo que promete. Prometieron pacificar al país y la violencia contra las mujeres es lacerante.
Los datos publicados a finales de abril por el Secretariado Ejecutivo demuestran que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día. Más de 600 mujeres denuncian violencia doméstica cada día.
Sin embargo, desde el micrófono presidencial, tiene tiempo para hablar de las campañas, de los republicanos, de los demócratas, de los conservadores, de Loret de Mola, de Eugenio Derbez, pero nada, no dice nada de las mujeres asesinadas en este país.
Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinadas 12,588 mujeres, 7, 915 han desaparecido. Más de 10,000 han sido víctimas de extorsión, 926 han sido secuestradas y 1,529 han sido víctimas de trata.
Las denuncias por violencia de género se han incrementado un 30% y la violencia intrafamiliar ha crecido un 20%, entre 2019 y 2021.
La violencia no sólo no para, sino que empeora día con día. Y los recursos que el gobierno federal destina a proteger a las mujeres son una miseria.
Hay tres programas federales destinados a la atención de mujeres en situación de violencia pero, lamentablemente, este gobierno sólo les destinó el 0.014% del total del presupuesto.
A esto se le suma el caso de los refugios, los recursos no se entregan a tiempo y se pone en riesgo la vida de las mujeres que recurren a estos centros, huyendo de la violencia en sus casas.
El desinterés del gobierno federal está cobrando la vida de las mujeres en México y la estrategia debe cambiar.
Los abrazos no protegen ni previenen la violencia de género. Las mujeres somos violentadas en las calles, las escuelas, las oficinas, el transporte público, en la casa. Ningún lugar es seguro.
El gobierno ha incumplido con su obligación. No hay una inversión en materia de seguridad, se carecen de políticas públicas y hay una impunidad lastimosa.
Es tiempo de que el gobierno escuche a la gente, a las víctimas, a las organizaciones sociales. Es momento de que se ponga un alto a la violencia y se castigue a los culpables.
Ojalá el gobierno de López Obrador se ocupe de lo verdaderamente importante, deje de poner pretextos para todo y se ponga a dar resultados.
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Nota del editor: la autora es senadora del PAN; preside en esa cámara la Comisión de Derechos Humanos.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.
