En México la violencia no cesa, ejemplo de ello es que, según datos oficiales, desde el inicio del gobierno de López Obrador se han registrado a nivel nacional 116,105 víctimas de homicidio doloso y más de 58,000 personas desaparecidas.
Ante este desastre y fracaso por garantizar la seguridad de los mexicanos, el gobierno federal prefiere callar o hablar de otros datos.
Tan sólo el pasado 20 de abril la secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, presentó los datos oficiales de incidencia delictiva y aprovechó para falsear comparativas, autoelogiarse y subrayar logros que no existen.
Al mismo tiempo omitió hablar del aumento generalizado de delitos comunes, de las desapariciones de personas y de la violencia contra las mujeres, pese a que la desaparición en Nuevo León de Debanhi Escobar haya generado una nueva ola de indignación y protestas tanto en México como en el extranjero.
El caso de Debanhi es la prueba tangible del desinterés que hay en nuestro país por los desaparecidos. Ni la difusión del caso, ni la demanda social garantizó una impecable aplicación de protocolos y acciones para darle acceso a la justicia a su familia.
Dichas fallas pueden explicarse como resultado de errores sistémicos y abandono por parte del conjunto de autoridades del país.
En diversos estudios que elaboramos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) demostramos la ausencia de una estrategia para reducir delitos y violencia; la ineficiente distribución del gasto para la seguridad y sus recortes sin sentido; la crisis forense; los retrocesos en el sistema de justicia; el cada vez mayor empoderamiento de la delincuencia organizada.
Del 15 de marzo de 1964 al 18 de abril de 2022 se han registrado 99,078 personas como desaparecidas, de las cuales, 58,000 ocurrieron en este sexenio.
El fenómeno de las desapariciones se asocia a diversos factores:
1. La penetración de la delincuencia organizada en el territorio con su respectivo aumento de poder; la diversificación de las actividades lícitas e ilícitas que controla; el control que ejercen sobre las autoridades.
2. La debilidad institucional que garantiza impunidad en la comisión de delitos.
3. La militarización de la seguridad pública y ciudadana.
4. Factores socio-culturales que, en particular, facilitan la violencia y desaparición de las mujeres.
La delincuencia organizada controla más de la mitad del territorio nacional, participa activamente en delitos electorales, se involucra en el narcotráfico; la extorsión; el secuestro; el robo; la piratería; el contrabando; el tráfico y la trata de personas; el robo de hidrocarburos, gas y electricidad; la tala clandestina; el control del agua; la minería; el tráfico de especies protegidas; el tráfico de armas; el robo de identidad; el robo del patrimonio cultural; el control de mercados lícitos, entre muchos ilícitos más.
Diversas autoridades del gobierno de los Estados Unidos han señalado el riesgo que significa para la gobernabilidad del país el creciente poder de la delincuencia organizada y el consecuente debilitamiento del Estado de Derecho en México.
En el estudio “Delitos Electorales y Violencia Política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por COVID-19 en México” documentamos la participación de la delincuencia organizada en el proceso electoral -en favor de Morena-.
Dicha participación ha llevado a un aumento de la confrontación entre grupos delictivos por el control del territorio; un repliegue del combate a los delitos por parte del Estado y al consecuente aumento de homicidios y desapariciones de personas.
En contraste, no hay avances tanto en el Programa Nacional de Exhumaciones -a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)-, como en el Mecanismo Transnacional de Búsqueda de Migrantes desaparecidos en territorio mexicano, ni en la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, la FGR y las fiscalías estatales se han mostrado como autoridades ausentes en los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas en el país.
En particular la FGR obstaculiza la aplicación de la justicia para cada persona desaparecida y sus familias, limita los procesos para la búsqueda de la verdad y la reparación del daño.
En México los colectivos de víctimas y organizaciones civiles han sido clave para concretar alguna acción que ayude a localizar a los desaparecidos, sin ellos no existirían protocolos, una Ley General, ni se hubiese dado con decenas de miles de personas enterradas en fosas clandestinas y comunes del país.
Pese a ello el gobierno federal:
⁃ Debilitó la capacidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
⁃ Ignoró los testimonios recabados durante los Foros Escucha con víctimas para la elaboración de las políticas públicas.
⁃ Desestima y ataca de manera sistemática a la sociedad civil y a los colectivos de víctimas;
⁃ Extinguió un amplio número de fideicomisos de apoyo a las víctimas.
⁃ Eliminó la única policía civil a nivel federal por optar por una total militarización de la seguridad.
Al respecto la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la absoluta militarización de la seguridad pública y ciudadana y señaló que esta es la responsable del aumento de las desapariciones, particularmente las que comete la misma autoridad.
En ese sentido en “Análisis de la Incidencia Delictiva 2021” en el ONC exhibimos el crecimiento récord de las torturas y las desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas federales.
El abandono de las políticas y acciones que deberían frenar las desapariciones en México incluye el debilitamiento de las instituciones que prevenían la violencia de género, la ausencia de políticas sociales que protejan a la mujer y el reconocimiento que cada vez son más violentadas y cada día desaparecen más.
El desdén que el presidente ha mantenido con las mujeres que se manifiestan en contra la violencia que viven cotidianamente -a quienes tilda de conservadoras-, fomenta la reproducción de la violencia en contra de ellas e inhibe todo esfuerzo por frenar la violencia familiar, las violaciones y feminicidios, que frecuentemente terminan con la desaparición de la mujer.
Son 99,000 personas desaparecidas, una cifra que día a día aumenta.
Sin un combate a la delincuencia organizada, con instituciones cada vez más débiles, en un contexto de militarización de la seguridad y sin atender los problemas sociales que facilitan la desaparición, es natural que este delito sea uno de los fracasos más evidentes del gobierno de López Obrador.
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Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
