Mientras funcionarios hacen proselitismo, la violencia crece

1. Según lo establecido en la Constitución, una revocación de mandato debe ser convocada por un grupo de ciudadanos. En este caso, fue el mismo presidente quien la impulsó.

2. Para que esta se pudiese ejecutar, se requería la firma de por lo menos el 3% de la lista nominal de electores de la mayoría (17) de entidades federativas. Para cumplirlo, el proceso estuvo plagado de irregularidades y falsificaciones.

3. Si bien la ley prohíbe que la autoridad use recursos públicos y/o haga proselitismo en favor de la continuidad del titular del Ejecutivo, tanto el presidente, como su gabinete y partido, han violentado una y otra vez la ley.

Todo ello sin razón alguna ya que la gran mayoría de ciudadanos, inversionistas y actores internacionales entendemos que la continuidad de un presidente es fundamental para generar confianza y una posible revocación de su mandato significaría riesgos profundos para la –ya muy debilitada– gobernabilidad del país.

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Es decir, el presidente impulsó una consulta que nos costará muchísimo a todos los mexicanos –según las declaraciones del mismo López tan sólo para instalar las casillas se gastarán 1,692 millones de pesos, sin contar el tiempo de los funcionarios del INE, el tiempo de los funcionarios y mandatarios locales que promueven dicho ejercicio, los millones de pesos que se han gastado en tapizar al país de publicidad en favor del presidente– cuando la inmensa mayoría de actores nacionales e internacionales queremos que el presidente termine su mandato según los tiempos establecidos en la Constitución.

López fue el presidente más votado de la historia moderna y, si bien su popularidad se ha visto mermada en el último año, sigue siendo un presidente muy querido. Por ello sorprende su insistencia en comprobar qué tanto logra convocar a este ejercicio.

Son muchos los motivos por los cuales arrasó en las elecciones de 2018: la ineficacia de los gobiernos panistas para incluir a los que generalmente han estado excluidos del desarrollo del país y la descarada corrupción del gobierno de Peña generaron una ola de votos en favor de López.

Además, el presidente es un gran comunicador, con mensajes capaces de hacer soñar a los mexicanos con un mejor futuro: “no a la corrupción”; “cuando gobernemos se acabarán las masacres”; “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”; “se acabaron los excesos y lujos de los funcionarios”; “austeridad gubernamental” y “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.

Sin embargo, 39 meses después del inicio de su administración, López no ha logrado disminuir la corrupción. Es más, esta ha aumentado significativamente.

Si bien la declaración de no querer un gobierno pobre, con un pueblo rico, coincide con la puesta en marcha de una implacable austeridad republicana, el gobierno federal, los gobiernos locales y los legisladores de Morena, se han gastado miles de millones de pesos en un ejercicio que sólo el presidente y sus huestes desean.

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Mientras la pobreza y desempleo han crecido en este sexenio como no sucedía en décadas, la austeridad ha servido sólo para abandonar a enfermos crónicos; para olvidar a las víctimas de la violencia y para dejar sin recursos a policías y fiscalías de todo el país.

El rico gobierno de López tira a la basura miles de millones de pesos para una consulta de la que ya conocemos los resultados.

Otra promesa incumplida es la de un respeto irrestricto de la ley. Desde el inicio de su administración López no ha tenido empacho en pisar sus principios, en abusar de su poder, en enfadarse con quien le recuerda el contenido de la norma jurídica y ha permitido que sus colaboradores desvíen recursos y tiempo para promover sus caprichos.

Entre los casos más deplorables podemos recordar cómo el secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad y el comandante de la Guardia Nacional abandonaron en días pasados sus labores para asistir a mítines políticos que impulsan la participación ciudadana –en favor del presidente– en la revocación de mandato.

Dichos distinguidos funcionarios, al participar en aquellos eventos, se mofaron abierta y públicamente de la ley, abusaron de su poder y privilegios al trasladarse como magnates en un avión de la Guardia Nacional –que según los principios éticos de esta administración sólo debían ser usados en el ejercicio de sus funciones sustantivas–, abandonaron su trabajo, mientras el país pasa por la peor crisis de violencia de la historia de nuestro México.

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Precisamente porque la promesa de López de terminar con las masacres no se ha cumplido, indigna que los principales actores que deben dirigir las políticas para reducir delitos y violencia, prefieran hacer proselitismo político en vez de cumplir con su trabajo.

Recordemos que según los mismos datos del presidente, en los primeros 39 meses de este gobierno alcanzamos el número total de homicidios dolosos del sexenio de Calderón y rebasamos en 65% aquellos ocurridos el mismo periodo del gobierno de Peña.

Aún más, tan sólo por citar otros delitos, las extorsiones han crecido en 54% y en 21% respecto a lo ocurrido con Calderón y Peña. Asimismo, ocurrieron 28% y 6% más de robos con violencia; 40% y 23% más robos a negocio; 12% y 27% más de violaciones que en dichos gobiernos respectivamente.

El presidente insiste que la violencia se encuentra contenida, que “vamos bien” aún cuando diariamente todo tipo de delitos afectan la vida de los ciudadanos y la gobernabilidad de nuestro país.

Personalmente este domingo no saldré a votar. Con ello, quiero ser uno de aquellos ciudadanos que le pidan al presidente que deje las campañas y se enfoque en gobernar.

En estos días López nos confirmó que repudia y viola la ley, que atenta contra la democracia, que permite corrupción e impunidad, que mantiene vivos los privilegios de sus aliados políticos, que empobrece al país, que desperdicia recursos aún cuando esto signifique debilitar instituciones.

Con su conducta López permite que la violencia crezca, que aumenten las víctimas y que la delincuencia se apodere cada vez más del país.

Mientras el secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad y el comandante de la Guardia Nacional hacen proselitismo político, el país ve empeorar la ya terrible crisis de violencia que vivimos.

Por ejemplo, mientras los principales encargados de la seguridad del país violaban la ley electoral, 20 personas fueron asesinadas en Michoacán y seis en Guerrero –donde sus cabezas fueron cercenadas–, tan sólo por citar algunos de los casos más famosos ocurridos en estos días.

Dicho sea de paso, mientras se consumaba la masacre en Michoacán, el presidente municipal de Zinapécuaro –lugar donde ocurrieron los hechos– se encontraba promoviendo la mentada revocación de mandato.

Mientras decenas de miles de familias diariamente sufren en carne propia delitos y violencia, el presidente festeja que su revocación será la confirmación de mandato, gracias a que él y sus aliados violaron repetidamente la ley.

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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.