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#ColumnaInvitada | Revocación de mandato, sí, pero…

La revocación de mandato es un ejercicio democrático que no debería ser promovido, organizado e impulsado por los propios gobernantes que saben que cuentan con la aprobación de la población.
jue 24 marzo 2022 04:59 AM

La democracia es una idea inacabada y en permanente transformación, hay diversas teorías sobre ella y de estas se desprenden distintos tipos o modelos de democracia.

Podemos identificar tres modelos de democracia particularmente para contextualizar la revocación de mandato que tendrá verificativo en México, este 2022, para que los mexicanos decidan si el presidente actual continúa o no con su mandato de seis años (le quedan “tres”).

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Democracia representativa, aquella que justamente como su nombre lo dice, los ciudadanos votamos para elegir a nuestros representantes para que estos a su vez elijan a los gobernantes, creen leyes, y sirvan como contrapeso entre ellos (los poderes públicos) para evitar la concentración de poder. En la práctica, este modelo está alejado de la población, y en la realidad es la clase política la que termina tomando las decisiones.

Democracia participativa, aquella en la que los representantes y gobernantes consultan parcialmente algunas de las decisiones más importantes de la política en el país en cuestión.

Democracia deliberativa, sin duda la más radical en la que todos, idealmente, tomemos todas las decisiones, o al menos seamos consultados en la mayoría de ellas.

Ahora bien, si la democracia es el gobierno del pueblo, la base de esta es que existan elecciones apegadas a normas e instituciones creadas previamente a través de nuestros consensos constitucionales, de tal manera que dichas elecciones estén apegadas a la voluntad de las mayorías con garantía de legalidad y legitimidad.

Podemos identificar dos sistemas de gobierno que también son el propio reflejo de sus formas de elección:

1) el presidencialista, como lo es México y en el que todos los representantes y gobernantes son elegidos de manera directa y además tiene una peculiaridad, que el presidente acumula tres figuras: es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las fuerzas armadas y;

2) el parlamentario, como lo son la mayoría de los países europeos en los que, si bien hay elecciones parlamentarias, son los mismos parlamentarios los que eligen por un lado al jefe de gobierno y por el otro al jefe de Estado, de tal manera que hay una especie de poder difuso, es decir, no concentrado en la figura presidencial.

La pregunta es: ¿cuál es el mejor modelo de democracia y cuál el mejor sistema de gobierno? ¿Es el sistema parlamentario superior al sistema presidencial? ¿Es mejor la democracia deliberativa sobre la representativa?

No hay respuesta clara para estas preguntas. Si bien los índices de la calidad de la democracia se decantan por el sistema parlamentario, esto no garantiza que en cualquier momento pueda dejar de funcionar, pero sí hay que decir que mientras menos concentración de poder exista, la calidad de la democracia aumenta porque se evita caer en la tentación de manipular, corromper, imponer.

No obstante, y a esto quiero llegar, en los sistemas parlamentarios, la elección indirecta permite que haya un mayor control de los jefes de Gobierno, porque los parlamentarios tienen la facultad de elegir, al mismo tiempo que de removerlos de su cargo, y así sucede en la práctica con las figuras de control de confianza y mociones de censura en las que justamente se cuestiona y en su caso se desaprueba la forma en cómo se gobierna.

A priori, podemos pensar que esto genera inestabilidad y desequilibrio, pero en la práctica los países parlamentaristas tienen un mejor desempeño en la calidad de la democracia, no hay que olvidar que se trata de la voluntad del pueblo cuando de democracia estamos hablando.

En el sistema presidencial, si bien hay formas legales de remover a los jefes de Gobierno, en la práctica resulta mucho más complejo porque normalmente se necesitan mayorías parlamentarias para comenzar a ver si se cometió un delito o de plano no está haciendo bien su trabajo.

Además, normalmente con este sistema presidencial y de elección directa, los ciudadanos no votan de manera diferenciada entre los parlamentarios y el presidente, de tal manera que normalmente el jefe de gobierno elegido tiene mayorías parlamentarias que frenan un juicio de procedencia, mejor conocido como juicio político o “impeachment” y prueba de lo que digo es que ningún presidente de México o de Estados Unidos, con sistemas presidencialistas por cierto, han sido removidos de sus cargos por este motivo.

De hecho, no existe una figura de destitución solo por incompetencia de gobierno, solo existe para el caso de delitos graves.

La revocación de mandato es una excelente idea para vivir realmente la democracia participativa en el caso de que, dentro de los primeros años de la administración de un jefe de gobierno mexicano, este no resulte lo más conveniente para el destino de un país. La revocación de mandato es justamente una puerta a la democracia participativa para remover de su cargo a un gobernante.

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Sin embargo, dicho ejercicio democrático no debería ser promovido, organizado e impulsado por los propios gobernantes que saben que cuentan con la aprobación de la población; es un derecho ciudadano de participación democrática, un instrumento por y para ciudadanos que en caso de que las mayorías así lo consideren, se intente revocar este mandato.

Pero ¿qué pasa cuando un gobernante tiene a la mayoría de su lado y aun así se promueve la revocación de mandato?

Desde mi punto de vista, el ejercicio sería ocioso, porque el fin constitucional no es impulsar políticamente a un gobernante, el verdadero y práctico fin es que si no funcionas como gobernante elegido, te vas.

Así que, revocación de mandato sí, pero cuando sea necesario y sobre todo cuando sea solicitado, impulsado, organizado y exigido desde la sociedad civil, desde la ciudadanía como lo contiene la Constitución mexicana y no desde el poder elegido, de lo contrario es solo “política” a secas, no habrá contenido democrático detrás, solo político.

Nota del editor: Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez es abogado y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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