El objetivo es lograr al menos el 40% de participación ciudadana y, desde luego, una aplastante mayoría a favor de que no se revoque el mandato del presidente. Si hacemos una valoración a partir de la actitud y las acciones de las y los interesados, pareciera que los números no están a su favor, y no me refiero a que vaya a ganar la opción de que se revoque el mandato presidencial, sino a que a la ciudadanía no le interesa la revocación de mandato, es más, un número importante no sabe ni de qué se trata.
A pesar de que no hay oposición sobre el tema, la desesperación por promover la revocación de mandato para que la ciudadanía salga el 10 de abril a decidir en favor de que no se revoque el mandato presidencial ha llegado a límites increíbles.
La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó un “decreto interpretativo de la ley de revocación de mandato”, así le llamaron. No se trata de una nueva ley, tampoco modificaron la recién emitida Ley de Revocación de Mandato y mucho menos reformaron la Constitución. Lo que buscaron es, a través de un larguísimo documento, explicar que las y los servidores públicos sí pueden promover la revocación de mandato, pero vno pueden hacerlo con recursos públicos, aunque sí pueden hablar y opinar todo lo que sea necesario sobre este tema.
Más allá de las formas, pues en principio están aprovechando su mayoría legislativa, junto con sus aliados, para emitir documentos para los cuales no están facultados y que por tanto carecen de validez jurídica, buscan amarrar al INE y al Tribunal Electoral para que los dejen de limitar y les permitan promover a los cuatro vientos el capricho de la revocación.
Es cierto, la libertad de expresión en México está sumamente acotada, y en contextos electorales el monopolio del debate público es prácticamente de los partidos políticos y las autoridades electorales, pero nos guste o no así se estableció en la Constitución, fue la reforma de 2007, exigida por quienes entonces eran oposición y estaban inconformes y frustrados por las elecciones de 2006, quienes impusieron el llamado “modelo de comunicación política” el cual prácticamente prohíbe que los servidores públicos hagan proselitismo electoral de cualquier tipo.
