Cuando el Presidente de la República exhibió amenazante los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, como reacción a la publicación de un reportaje que puso en evidencia la holgada vida del mayor de sus hijos en el extranjero, y un probable conflicto de intereses con la paraestatal Pemex de por medio, su conducta fue agraviosa en términos políticos, cruzó el umbral de la legalidad para actuar abiertamente de forma antijurídica.
La publicación del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, sobre la Casa Gris de la familia de José Ramón López Beltrán, marca un antes y un después en el actuar presidencial.
Parecería que el residente del Palacio Nacional maduró a lo largo de varios meses su beligerante y transgresora estrategia, cuando enfrentó públicamente y de manera extraoficial anteriores escándalos de corrupción que involucraron a sus hermanos Pío y Martín López Obrador, a oficiales de la mayor cercanía como su secretario particular, y a funcionarios encargados de áreas estratégicas del gobierno, así como los directores generales de las más importantes empresas del Estado, a saber Pemex y la CFE.
Estos hechos, particularmente la Casa Gris de Houston en la que vivió su primogénito y estratega de campaña, evidencian que el mensaje de austeridad escenificado con la negativa a habitar en Los Pinos, estacionar el avión presidencial o trasladarse en un sedán austero, ya no se sustenta en los hechos.
El aroma pestilente de corrupción es tan evidente y los signos de conflicto de interés son tan claros, que en cualquier régimen democrático ya se estaría realizando una investigación independiente para clarificar los probables delitos cometidos en el entorno del poder.
El discurso de la austeridad a ultranza proclamado como consigna cuasi religiosa por el presidente, y que ha pretendido imponer como dogma a la sociedad, se contradice con la abundancia sospechosa por su origen y sigilo que se disfruta en el entorno familiar del Presidente.
A la luz de los hechos, la llamada austeridad republicana es un precepto para los ciudadanos de a pie, pero inaplicable en las cercanías del Presidente. Los hijos, hermanos, y colaboradores íntimos no tienen que padecer las normas de medianía que se predican por el Jefe del Ejecutivo.
Ahora sabemos que se está madurando en el nido mismo del obradorismo una sociedad de nuevos intocables y privilegiados en la clase política.
El enojo del presidente, descubierto en la falacia de su discurso de austeridad e integridad, le ha hecho trasgredir el Estado de Derecho.
Nunca antes un Presidente de la República llevó a cabo una violación delictiva de la ley, cuando de manera pública, reiterada, directa, personal y ataviado con la investidura presidencial, exhibe información fiscal, reservada, con el único propósito de desacreditar a un comunicador.
La gravedad de este acto, en términos democráticos, significa el rompimiento del Estado de Derecho por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus primeros pasos francos, por la senda del autoritarismo.
En contraparte al absolutismo emergente del inquilino de Palacio Nacional, las revelaciones periodísticas sobre la inconsistencia de la realidad con los preceptos morales del presidente, sumado a la reacción ultra autoritaria del Ejecutivo, han llevado de la indignación a un verdadero despertar ciudadano.
