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El abandono de la 4T a los pueblos mineros

El gobierno federal eliminó un fideicomiso que ayudaba a compensar a comunidades afectadas por la minería. Las comunidades ahora están desamparadas.
lun 21 febrero 2022 11:59 PM
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El llamado el Fondo Minero logró recaudar 21.6 mil millones de pesos desde 2014 y hasta 2020, y si bien no funcionaba de manera perfecta, sí había colectado varios éxitos, apunta Viri Ríos.

Antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder había un impuesto especial que se cobraba a las empresas mineras. Con ese impuesto se creaba un fondo que servía para realizar proyectos públicos que ayudaban a las comunidades afectadas por la actividad minera.

Este fondo, llamado el Fondo Minero, logró recaudar 21.6 mil millones de pesos desde 2014 y hasta 2020, y si bien no funcionaba de manera perfecta (solo 48% de ese dinero fue asignado a proyectos en comunidades afectadas), sí había colectado varios éxitos. Tan solo entre 2016 y 2018 se financiaron 2,553 proyectos en 24 entidades federativas. Cada año se lograba invertir más y más en las comunidades, principalmente en caminos y vialidades.

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El Fondo Minero era una buena idea que debía ser mejorada y blindada para que el recurso se usara de manera más rápida y mejor. De hecho, OXFAM México declaró “a pesar de las deficiencias en el diseño y funcionamiento del Fondo Minero, era un mecanismo con un gran potencial redistributivo, que de haber mejorado podría haber tenido un impacto mucho mayor para las comunidades mineras”.

López Obrador no pensó lo mismo y como ha hecho con muchas cosas simplemente lo despareció. El impuesto especial se sigue cobrando a las empresas mineras, pero ahora ese dinero es usado para la mejora de centros educativos, infraestructura de salud y hasta desarrollo urbano, entre otras. Es decir, ya no se usa exclusivamente en las comunidades afectadas .

Ahora las comunidades mineras están abandonadas y sufren las mismas afectaciones que antes, pero sin mecanismos compensatorios.

Esto debe cambiar. En México existen cerca de 24,000 concesiones mineras que representan el 9% del territorio nacional. La producción, valorada en 385,000 millones de pesos al año, genera múltiples empleos y derrama económica pero también devasta ambiental y socialmente a varias comunidades, sobre todo en Chihuahua, Zacatecas y Sonora.

 

Es importante que los gobernadores de estos estados María Eugenia Galván, David Monreal y Alfonzo Durazo tomen cartas en el asunto y demanden que se creen mecanismos compensatorios nuevos. Los derechos especiales a la minería recaudan aproximadamente 2.5 mil millones de pesos al año. Anteriormente, la ley dictaba que el 62.5% de los recursos se distribuiría a los municipios y demarcaciones en los que tuvo lugar la explotación y el 37.5% a la entidad federativa correspondiente. Hoy nada de eso sucede.

México necesita un nuevo Fondo Minero con más recursos, mejor fiscalización y mayor capacidad para apoyar a los municipios en condición de pobreza y marginación.

Así como la actividad extractiva trae beneficios, como el empleo a los pobladores de las comunidades en las que se asienta, también genera diversos tipos de daños (ecológicos, del subsuelo, acaparamiento de recursos como el agua, disputas territoriales, entre otros). Por ello, parte de las ganancias de dichas compañías deberían ser destinadas a compensar o resarcir los daños causados, así como para fomentar el desarrollo social de la población.

La desaparición del Fondo Minero dictada por López Obrador deja más cabos sueltos que soluciones. Las comunidades afectadas por la minería están abandonadas.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

 
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