A más de tres años de gobierno, hoy la llamada 4T se ve envuelta en debates y amplias discusiones que la cuestionan con mucho mayor contundencia. Cabe recordar que ello es parte de la libertad de expresión de la que goza el país, del avance democrático, de la propia actividad periodística.
En este contexto y siendo objetivos, los problemas en esta patria no son exclusivos de este sexenio o no son exclusivos de un color partidista. La presencia del crimen organizado en una tercera parte del territorio, la escasez de motores de crecimiento, la baja cultura de cumplimiento fiscal, la “cooptación” histórica de porciones del Estado por parte de grupos de interés en todas las clases sociales, son tan solo algunos de los cientos de problemas que se han instalado desde hace ya muchas administraciones, sin que nadie -gobiernos, partidos, sectores, grupos- logre hacer algo que verdaderamente cambie el rumbo de las cosas.
El problema no es un gobierno en particular, sino las graves contradicciones sobre las que hemos permitido que evolucione nuestra vida democrática. Esta situación, en lugar de permitirnos mejorar las cosas, ha generado nudos y ataduras que nos detienen. Para un simple botón de muestra, revisemos uno de los temas que mayor atención ha tenido y tendrá en los próximos días: la revocación de mandato. Convocada para el próximo 10 de abril, es un tema que representa las terribles contrariedades que hoy vivimos.
Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se pide al presidente no promocionar la Revocación de Mandato. A partir de una denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la que se señaló que AMLO estaría utilizando indebidamente recursos públicos, al hablar sobre el tema en una conferencia mañanera. Es decir, López Obrador no podrá promocionar el ejercicio de consulta popular en sus presentaciones públicas.
