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#ColumnaInvitada: Radiografía de la conflictividad social en el gobierno de AMLO

En los primeros tres años de la presente administración, el factor de conflictividad social ha mostrado una tendencia al alza, con un aumento de 51% entre 2019 y 2021.
mar 08 febrero 2022 10:30 AM

Desde 2019, Integralia ha contabilizado las protestas, manifestaciones, bloqueos y huelgas a nivel nacional con el fin de encontrar las causas de la conflictividad social en México. Ésta depende de la coyuntura económica y social de cada país; sin embargo, la crisis económica, la inseguridad, la incapacidad del gobierno para dotar a la población de servicios públicos de calidad y la falta de una efectiva procuración de justicia son algunos ejemplos de las principales demandas de la población mexicana.

En los primeros tres años de la presente administración, el factor de conflictividad social ha mostrado una tendencia al alza, con un aumento de 51% entre 2019 y 2021. Los eventos de mayor escala que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son la disputa del agua en la Presa de la Boquilla, en Chihuahua, las protestas encabezadas por grupos feministas, las movilizaciones en torno al aniversario de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y las movilizaciones de pacientes y padres de familia por el desabasto de medicamentos.

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Entre enero y diciembre de 2021, Integralia registró 7,689 eventos de conflictividad social en México. El 45% de ellos fueron protestas pacíficas, en 41% hubo bloqueos de vías de comunicación y en 10% se registró la toma de casetas e instalaciones públicas. Al respecto, destaca que, tan sólo en 2020, el monto total de pérdidas para el erario público por la toma de casetas ascendió a 4,121 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esto también se traduce en afectaciones para la ciudadanía en general y pérdidas económicas para el sector privado. Sólo en el 4% del total de conflictos hubo enfrentamientos violentos.

Durante 2021, a nivel nacional predominaron los conflictos por motivos económico-laborales (37%), principalmente en demanda de apoyos por la contingencia sanitaria, la exigencia del pago íntegro de sueldos, el cumplimiento de prestaciones laborales y quejas por despidos injustificados, seguido de protestas por falta de servicios públicos de calidad (19%), principalmente fallas en el servicio de agua potable y desabasto de electricidad, así como los eventos en exigencia de procuración de justicia (11%).

Es importante señalar que las dinámicas de conflictividad social a lo largo y ancho del país no son homogéneas. Por ejemplo, la Ciudad de México es la entidad que registró el mayor número de conflictos (13%), dado que concentra las oficinas de distintas dependencias federales, lo que la convierte en el punto nacional de manifestaciones. A su vez, Michoacán concentró una parte importante de bloqueos de vías de comunicación por parte de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Oaxaca registró una gran cantidad de bloqueos y paros laborales por parte del personal médico en el contexto de la pandemia, mientras que en Veracruz predominaron las manifestaciones por la falta de servicios públicos.

No obstante, las autoridades federales han ejercido una indisposición selectiva para reaccionar cuando ocurren estallamientos de conflictividad social. Ejemplo de esto son las protestas encabezadas por grupos feministas, señalados por el presidente como “movimientos conservadores creados para afectar su gobierno”. Por otro lado, ante las protestas en contra de que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio fuera designado como candidato a gobernador de Guerrero, la respuesta de López Obrador fue “ya chole”. No parece haber un interés legítimo de combatir ni la raíz de los problemas que ocasionan la conflictividad social, ni ésta en sí misma. La atención del gobierno federal está puesta en otras prioridades.

 

A pesar de lo anterior, la última encuesta de El Financiero muestra que el presidente López Obrador se mantiene con alta legitimidad social para gobernar (60%). En cambio, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, eventos como el caso Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca desencadenaron múltiples protestas que mermaron su popularidad, registrando los niveles de aprobación más bajos en las últimas décadas (40%).

A través de un gran poder comunicativo y una prodigiosa campaña política permanente en aras de consumar la “Cuarta Transformación”—mediante las conferencias mañaneras y las giras por todo el país—, López Obrador es percibido como un presidente cercano al pueblo. Esto ha blindado su imagen a pesar de la baja evaluación de su gobierno en materia económica,de seguridad pública y de combate a la corrupción.

Sin embargo, a medida que la brecha entre las altas expectativas sociales generadas por el gobierno actual y la realidad económica y de seguridad siga ampliándose, es probable que la conflictividad social siga en aumento para lo que resta del sexenio. ¿Alcanzará este vaticinado incremento de la conflictividad para mermar la aprobación presidencial? ¿Serán estos temas prioritarios en la agenda de gobierno? Es poco probable.

La agenda del presidente se basa en dejar legados: las obras insignia, la erradicación (simbólica) de la corrupción y el final de las “políticas neoliberales”. Por ende, las demandas sociales que surjan en lo que resta del sexenio únicamente serán atendidas si representan un obstáculo para la culminación de la “Cuarta Transformación”. Con ello, el presidente incumplirá varias promesas sociales que lo encumbraron en Palacio Nacional.

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Notas del editor:

Andrea Molina (@a_molina2610), Nicole Altamirano (@nicolealt3) y Daniel Velasco (@danielv03) son consultores en materia de conflictividad social en Integralia (@integralia_mx).

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

 
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