Entre enero y diciembre de 2021, Integralia registró 7,689 eventos de conflictividad social en México. El 45% de ellos fueron protestas pacíficas, en 41% hubo bloqueos de vías de comunicación y en 10% se registró la toma de casetas e instalaciones públicas. Al respecto, destaca que, tan sólo en 2020, el monto total de pérdidas para el erario público por la toma de casetas ascendió a 4,121 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esto también se traduce en afectaciones para la ciudadanía en general y pérdidas económicas para el sector privado. Sólo en el 4% del total de conflictos hubo enfrentamientos violentos.
Durante 2021, a nivel nacional predominaron los conflictos por motivos económico-laborales (37%), principalmente en demanda de apoyos por la contingencia sanitaria, la exigencia del pago íntegro de sueldos, el cumplimiento de prestaciones laborales y quejas por despidos injustificados, seguido de protestas por falta de servicios públicos de calidad (19%), principalmente fallas en el servicio de agua potable y desabasto de electricidad, así como los eventos en exigencia de procuración de justicia (11%).
Es importante señalar que las dinámicas de conflictividad social a lo largo y ancho del país no son homogéneas. Por ejemplo, la Ciudad de México es la entidad que registró el mayor número de conflictos (13%), dado que concentra las oficinas de distintas dependencias federales, lo que la convierte en el punto nacional de manifestaciones. A su vez, Michoacán concentró una parte importante de bloqueos de vías de comunicación por parte de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Oaxaca registró una gran cantidad de bloqueos y paros laborales por parte del personal médico en el contexto de la pandemia, mientras que en Veracruz predominaron las manifestaciones por la falta de servicios públicos.
No obstante, las autoridades federales han ejercido una indisposición selectiva para reaccionar cuando ocurren estallamientos de conflictividad social. Ejemplo de esto son las protestas encabezadas por grupos feministas, señalados por el presidente como “movimientos conservadores creados para afectar su gobierno”. Por otro lado, ante las protestas en contra de que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio fuera designado como candidato a gobernador de Guerrero, la respuesta de López Obrador fue “ya chole”. No parece haber un interés legítimo de combatir ni la raíz de los problemas que ocasionan la conflictividad social, ni ésta en sí misma. La atención del gobierno federal está puesta en otras prioridades.
