#ColumnaInvitada | Judicialización de las políticas públicas en materia de salud

Ante un panorama en el cual la atención médica y el abasto de medicamentos han sido seriamente afectados, los pacientes se han visto en la necesidad de acudir a instrumentos jurídicos como el amparo para poder garantizar la protección de su derecho a la salud. Algunos ejemplos ilustrativos son los amparos interpuestos por los padres y madres de familia a favor de la vacunación de los menores contra la Covid-19, para el abasto de tratamientos oncológicos, contra la negación de servicios médicos, y para el abasto de los medicamentos necesarios para padecimientos como VIH, diabetes, hipertensión arterial, entre otros.

Destaca especialmente la resolución, referida en múltiples medios de comunicación, por medio de la cual el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 188/2020 a favor de la Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica (Amohp), para que los titulares de la Secretaría de Salud (Ssa), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de su Oficialía Mayor protejan mediante el abastecimiento de los medicamentos y tratamientos de quimioterapia a 260 niñas, niños y adolescentes con cáncer del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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En este sentido, y en pleno conocimiento de que la creación de políticas públicas corresponde principalmente al Ejecutivo federal, desde un panorama más amplio, se debe subrayar que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial intervienen en el proceso de su diseño, ya sea facultando legalmente al Poder Ejecutivo para su actuar o mediante la emisión de sentencias que buscan subsanar la inactividad de las autoridades.

Ejemplo de lo anterior son los recientes fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los parámetros de constitucionalidad de la objeción de conciencia, el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, la interrupción legal del embarazo y la legislación procedimental en materia de Justicia Cotidiana, los cuales deberá atender el Congreso de la Unión.

Para los años restantes del sexenio, se percibe que los problemas relacionados con los procesos de adquisición y abasto de medicamentos seguirán sin resolverse, lo cual ocasionará que los pacientes continúen haciendo uso de alternativas judiciales, como el amparo. Asimismo, al ser el primer nivel de atención médica la principal prioridad para el sector salud, los recursos para pacientes de alta especialidad son limitados y, ante los constantes recortes presupuestales que ha sufrido el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), no hay claridad sobre el financiamiento para el tratamiento de las enfermedades que generan gastos catastróficos.

En conclusión, ahora más que nunca es indispensable que se mantenga la independencia del Poder Judicial para que éste pueda fungir como un contrapeso serio y efectivo en la definición de las políticas públicas implementadas por la actual administración. De igual manera, es necesario que este poder mantenga criterios de resolución uniformes y consistentes en la aplicación de los principios constitucionales y convencionales para promover una estructura armónica de las leyes y las políticas, respetando en todo momento el ámbito de competencia del resto de los poderes.

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Notas del editor:

Karla Suárez (@KarlaSC21) es consultora especializada en el sector salud en Integralia (@Integralia_MX).

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.