Sin embargo, ¿es cierto que una reducción en los sueldos de los consejeros electorales bastaría para organizar una consulta popular como la que la ley obliga al INE a llevar a cabo? La respuesta es no. De acuerdo con cifras públicas, los 11 consejeros del INE perciben mensualmente 262 mil 634 pesos brutos, por lo que, aún si renunciarán a la totalidad de su sueldo durante todo 2022, el INE tendría una reducción de 34 millones 667 mil 668 pesos. Así las cosas, la renuncia a la totalidad de sueldos por parte de los consejeros supondría, apenas, el 0.9 por ciento de lo que el INE solicitó originalmente.
Ahora bien, la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) establece que el INE deberá instalar la misma cantidad de casillas que en la jornada electoral previa, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal. Es decir, de acuerdo con la jornada electoral que se llevó a cabo el 6 de junio, se deberían instalar al menos 160 mil casillas en la consulta de revocación de mandato.
También se ha dicho que el INE es el Instituto más caro del mundo. Al respecto, Roberto Castellanos publicó un texto en el que da cuenta de que los órganos electorales no son fácilmente comparables porque los modelos de organización electoral varían sustancialmente entre países; esto es, entre estados federales y centrales, entre modelos parlamentarios y presidenciales, entre partidos políticos con financiamiento público o privado, entre países que permiten el uso de urna electrónica, o entre países con una población mayor o menor.
Además, Castellanos expone que nuestro árbitro electoral es una autoridad sui generis debido a que, desde la Constitución Federal, se le ha encomendado un amplio catálogo de funciones, que impactan principalmente en el desarrollo de las elecciones, pero cuyos beneficios trascienden y permean a todas las instancias del país: como la administración del Registro Federal de Electores o la base para la producción y entrega de credenciales para votar.
En ese sentido, pareciera que el recorte presupuestario es un "castigo" al Instituto por llegar a resoluciones que han incomodado al presidente de la República y su partido.
