#ColumnaInvitada | En la cuerda floja: el INE y la revocación de mandato

Basta recordar que de las 1,382,031 firmas recolectadas vía la aplicación, el 32% corresponde a tres promoventes –de 22,419–, quienes son integrantes de la organización Que siga el presidente. Las siguientes cinco personas forman parte de la organización Que siga la democracia, encabezada por una excandidata de Morena. Esta misma asociación es la que ha entregado el 100% de las firmas en papel con las que el 18 de enero se alcanzaron los requisitos para que “la ciudadanía” solicite la revocación de mandato, por pérdida de confianza [1] .

La revocación de mandato ha resultado ser una farsa. Peor aún, una farsa que está debilitando los cimientos en los que está anclado nuestro sistema electoral. Estamos ante la manipulación de la democracia directa para lastimar La democracia, en su sentido más amplio. Dejó de ser un mecanismo de defensa de los derechos políticos de la ciudadanía para convertirse en un arma capaz de erosionar la autonomía de la autoridad electoral y de romper con el pacto fundacional de nuestra democracia electoral.

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Las firmas para la revocación de mandato superan los 2.7 millones de apoyos

Desde su incorporación en la Carta Magna en la reforma de 2019, cada uno de los pasos han sido utilizados para debilitar y desprestigiar al órgano electoral. Recordemos la omisión de los legisladores de publicar la Ley de Revocación de Mandato. Tenían 180 días para hacerlo. Se tardaron -solamente- 634. El INE se vio forzado a expedir lineamientos para organizar y presupuestar oportunamente el ejercicio. El representante de Morena ante el INE lo acusó de reemplazar las facultades legislativas de la Cámara cuando lo que se hacía era estar en posibilidades de realizar la consulta a pesar de la omisión legislativa.

El siguiente paso fue la asfixia presupuestaria. No hay órgano autónomo sin presupuesto. Este año el INE sufrió un recorte de casi 5 mil millones de pesos, el mayor de su historia. Sin explicaciones. Y es que, a falta de argumentos, la retórica se ha centrado en los “altos salarios” de las y los consejeros y mandos directivos.

Esta narrativa carece de sentido, no sólo porque fue la misma Ley de Remuneraciones aprobada por el Congreso (con mayoría del partido en el poder) la que consideró que estos puestos estaban exentos de las restricciones del 127 constitucional; o porque existen diversas acciones de constitucionalidad que están por ser resueltas en la Suprema Corte de Justicia -dejando al lado la existencia de derechos laborales-, sino porque, finalmente, aún y cuando se donaran completos los salarios de las y los consejeros, se necesitarían 162 años para obtener los recursos necesarios para la organización del ejercicio. [2]

Ante la falta de recursos, el Consejo General adoptó como medida extraordinaria y temporal posponer algunas actividades relacionadas con la organización del proceso. La respuesta: la denuncia penal de las y los consejeros que tomaron esta decisión por parte del presidente de la Cámara de diputados. A pesar de la existencia de canales institucionales para dar cauce a inconformidades en las decisiones del INE, el autoritarismo fue develado, y el acoso y asedio a los servidores públicos evidenciado.

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La oposición respalda a consejeros del INE y repudia las denuncias penales

El 13 de enero, el secretario de Gobernación, en una clara violación a la autonomía del INE, presentó un Plan de Austeridad para el órgano electoral con datos erróneos, medias verdades y propuestas de recortes que sólo podrían realizarse si el Instituto no cumpliera con sus funciones. La propuesta evidenció lo que ya debe ser claro, sobre todo para las fuerzas opositoras: la intención no es utilizar de forma más eficiente los recursos. La narrativa es una y es efectiva: el INE es caro y es incapaz de cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales, hay que reformarlo/desaparecerlo/absorverlo.

No importa que los hechos la desmientan la narrativa. Treinta años de organizar más de 200 elecciones, en el ámbito federal y local; de expedir gratuitamente 15 millones de credenciales al año, por cierto, la identificación oficial de las y los mexicanos en el país y allende las fronteras; de capacitar a casi 12 millones de personas cada trienio; de organizar elecciones internas de los partidos políticos; monitorear permanentemente más de 3,500 estaciones de radio y televisión del país; fiscalizar más de cinco mil millones pesos en elecciones federales [3] y casi 9 mil millones en las locales, [4] sin considerar el gasto ordinario de las fuerzas políticas; de sostener la confianza del 70% de la ciudadanía; garantizar la transición pacífica del poder; la alternancia; la democracia.

Este 10 de abril unos pocos irán a complacer al presidente, otros tantos no acudirán a un llamado que consideran falso y ocioso. La gran mayoría no participará pues la disyuntiva no forma parte de su cotidianidad ni de sus problemas inmediatos. Pero a todos debería importarnos el embate que vive el INE pues el derecho al voto en libertad es lo que está en juego. ¿Resistiremos?

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Notas:
[1] Se entregaron 9.7 millones de firmas en papel, pero el 18 de enero se habían revisado 2 millones 845 mil 634 apoyos con lo que se alcanzó el requisito del 3% del listado nominal. El INE seguirá verificando la validez de la totalidad de las firmas.

[2] Intervención del consejero electoral Uuc Kib Espadas Ancona el 17 de diciembre de 2021. Ver en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126375/CG2ex202112-17-VE.pdf

[3] Monto de los ingresos y egresos que fueron fiscalizados por el INE en las elecciones federales de 2018.

[4] Monto de los ingresos y egresos que fueron fiscalizados por el INE en las elecciones locales de 2021.

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Nota del editor:

Farah Munayer es maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Twitter @fmunayers

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.