Alguien podría decir que sobre estos temas ya hemos escrito antes, o que en otras fuentes se ha platicado de los mismos. Y es cierto, pero ante la gravedad de los hechos y nuevos acontecimientos en la materia, no podemos sino ser enfáticos de los riesgos que se corren y que hay que mitigar y modificar antes de que sea demasiado tarde.
En cuanto al militarismo, debemos entender que la apuesta frenética del Presidente por dar cada vez mayor cobertura a tareas a cargo de las fuerzas armadas no es solamente un tema de que se ejecuten por sumisión al jefe supremo militar. También lo es por una misión perversa y de complicidad recíproca, pues al trastocar la institucionalidad castrense se les arrima a las mieles económicas a cambio de que como titulares de los bienes en construcción u operación se conviertan en garantes políticos de su estructura y operación en futuras administraciones. Es decir, el Presidente pretende perpetrar sus decisiones irracionales (en contra de la ley) haciendo a los militares “dueños” de lo que construyen (por cierto, con toda opacidad) y que así los poderes civiles futuros no puedan (aunque sea la definición democrática la que deba imperar) modificar sus caprichos. Vaya perversidad y desapego a la Constitución y el Estado de Derecho.
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Tan o más preocupante es la manifiesta y despiadada definición del gobierno populista de convivir y trabajar de la mano de la delincuencia organizada. No estamos hablando de las complicidades tácitas en gobiernos pasados en que por intereses económicos se permitían ciertas actividades (como en temas de distribución de drogas). No. Aquí ya estamos frente a colusiones que involucran la penetración completa del aparato de gobierno a través de organización electoral, selección de candidatos, financiamiento de campañas, determinación conjunta de puestos de funcionarios, y al final del día una fusión en que ya no es posible distinguir entre unos y otros.