Después, la Secretaría de Energía estableció la Política de Confiabilidad que buscaba cambiar el acceso a las redes de transmisión y distribución, así como el criterio de despacho económico. Sin embargo, la Suprema Corte invalidó buena parte de estos criterios. Luego, en febrero y marzo de 2021, se aprobaron reformas a las principales leyes del sector energético: la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos. Ambas, hasta el momento, se encuentran suspendidas por el Poder Judicial.
Entonces, el último paso para cambiar de fondo el marco legal vigente es la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre, cuyo contenido ya es ampliamente conocido, y que actualmente está pendiente de discusión en el Poder Legislativo.
Esta iniciativa engloba todos los cambios que esta administración había buscado implementar en el sector energético, por medio de leyes, políticas, acuerdos y modificaciones regulatorias, durante la primera mitad del sexenio.
Sin embargo, la defensa de la iniciativa de reforma ha estado rodeada de desinformación y la complejidad técnica de algunos temas ha llevado a argumentos erróneos o a proponer soluciones para problemas que realmente no existen. A continuación, se explican y se aclaran los tres argumentos principales al respecto.
En primer lugar, se habla de que el Estado debe retomar la rectoría del sector a través de la planeación y el control del sistema eléctrico, bajo el argumento de que ahora son las empresas privadas quienes tomaron el control.
Sin embargo, el texto constitucional actual, en sus artículos 25, 27 y 28 otorga al Estado, de forma exclusiva, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
