Mucho se ha elucubrado sobre la renuncia del exconsejero jurídico. Desde quienes argumentan que su salida fue derivada de una renuncia voluntaria, acelerada por la pérdida de espacios ante la llegada del nuevo secretario de Gobernación, hasta quienes argumentan que ésta se debió al desgaste provocado por la tensa relación con varios integrantes del gabinete, principalmente con la exsecretaria de Gobernacion. Sobre las causas seguramente continuará la pléyade de argumentos y teorías. Lo cierto es que poco se ha reflexionado sobre el hueco que deja Scherer.
Sobre las labores que desempeñó el exconsejero jurídico, habría que destacar que en su rol equivalente al de un secretario de Estado en el actual gabinete, desarrolló entre otras cosas, la relación con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, así como la supervisión de las múltiples modificaciones que se hicieron a distintos marcos normativos. Sin duda alguna, hoy estas actividades quedarán bajo el control de Adán Augusto López, hombre de todas las confianzas del presidente.
Lo que aún está pendiente es conocer, ¿quién tomará las riendas de la interlocución con empresarios e integrantes del sector privado que implícitamente llevó el exconsejero? A lo largo de los primeros tres años de gobierno, los actores económicos encontraron en Julio Scherer un puente confiable para expresar sus preocupaciones. La cercanía con AMLO, el conocimiento de la visión de izquierda y el entendimiento “desideologizado” de las dinámicas empresariales, lo convirtieron en un operador eficiente para la 4T. Sin él, se corre el riesgo de que la polarización imperante, profundice los huecos de comunicación que han prevalecido frente a amplios segmentos del sector productivo.
Ante la segunda mitad de la administración lopezobradorista, estas inquietudes cobran fuerza, especialmente cuando en el propio informe de labores, AMLO afirmó que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de Reforma Constitucional. El mandatario subrayó que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron “abandonadas”, mientras que la apertura al mercado eléctrico sirvió para darle preferencia a empresas particulares nacionales y extranjeras.
