El Tercer Informe de Gobierno estuvo plagado de omisiones a la verdad, adjudicación de logros y retórica divisoria. En materia de finanzas públicas se quiso presumir de grandes avances en materia de ahorros, no endeudamiento y salud, pero no se privilegió la verdad al respecto.
Detengámonos en cada aspecto.
Un gran “logro” que le encanta presumir al presidente son los ahorros logrados por el combate a la corrupción. En el Informe afirmó que “en dos años, nueve meses, se han ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen”.
Además de que detrás de esta cifra hay una metodología cuestionable (porque, simplemente, nunca se ha explicado o dado a conocer), es un hecho: lo que se ha generado en lo que va del sexenio son desahorros. Cuando llegó López Obrador al Gobierno el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) contaba con casi 300 mil millones de pesos, pero al 30 de junio de 2021 sólo tiene 15.5 mil millones. Esto deja más expuesto al Gobierno ante un desbalance macroeconómico y con menor margen de maniobra.
Pero ampliemos el foco. Mediante procesos de extinción de fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica, se han consumido 471.1 mil millones de pesos del patrimonio resguardado. De estos recursos, 183.0 mil millones fueron usados durante 2019, 176 mil millones en 2020 y 112.2 mil millones durante el primer semestre de 2021.
El no endeudamiento es todo un leitmotiv de la 4T, como si estuviéramos en la década de 1990 en pleno Consenso de Washington. Y a pesar de todo ello, la deuda sí ha aumentado. En distintas ocasiones el presidente afirmó en su Informe que mediante “(la) fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles”.
La realidad es que al cierre de 2020 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegaron a 12.08 billones de pesos, 775 mil millones más en términos reales frente al cierre de 2018. Además, para 2021 se tiene aprobados 700 mil millones de pesos más en deuda, según la Ley de Ingresos, y 779 mil millones para 2022, según los Precriterios Generales de Política Económica. Aunque no se quiera, no se puede mantener a un país sin deuda si recurrentemente los ingresos son menores a los egresos, como se refleja en el déficit constante del Balance Público.
Como punto central a causa de la pandemia, el presidente aseguró que en 15 meses de la emergencia sanitaria el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos, para fortalecer al sistema de salud. Veamos lo que realmente aconteció...
El gasto en salud cayó en 2019, perdió 5.1 mil millones de pesos o 0.7%. Luego, en 2020, tuvo un rebote: de 61 mil millones de pesos o 9.5% más que en 2019, pero gran parte de ese aumento se ejerció en el mes de diciembre de 2020, gracias a una transferencia por 46 mil millones de pesos al Fideicomiso de Salud para el Bienestar. Es claro que esos recursos no se erogaron en el momento álgido de la pandemia; es más, ni siquiera se gastaron el año pasado. En realidad en varios meses de 2020 se gastó menos de lo calendarizado, a pesar de la emergencia. Y para añadir gravedad: se desconoce en qué han sido gastados. El fideicomiso que mencionaba, justamente, ganó discrecionalidad con la reforma a la Ley de Salud, que tuvo lugar el año pasado.
A julio de 2021, el gasto funcional en salud registró un avance de 344.4 mil millones, monto 3.7% mayor al observado el año pasado o 12.4 mil millones por arriba. Sin embargo, ese aumento no ha sido parejo en todas las instituciones. El gasto en la Secretaría de Salud acumula rezagos. Tan sólo en julio su gasto se desplomó anualmente 77.3% o 83.6% respecto al gasto aprobado. El origen del desplome está en los rubros de “otros gastos de operación” y de “subsidios, transferencias y aportaciones”, donde se registran las transferencias del Insabi a las entidades federativas a través del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. Eso, más que fortalecimiento del sistema de salud pública, se lee más bien como el riesgo de dejar a la intemperie a millones de personas, en el peor momento.
Confío en que el diseño del Paquete Económico 2022 no haya sido dominado por esta perspectiva tan ilusoria y lejana de la realidad, por decir lo menos.
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Notas del editor: la autora es coordinadora del programa de Gasto público de México Evalúa.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.
