En términos de impunidad, México está entre los últimos lugares a nivel mundial. Existen casos de policías y militares que también han sufrido una discapacidad o lesión permanente, o han perdido sus vidas mientras investigaban a elementos del crimen organizado. Ante una realidad en la que es muy probable que un delito nunca sea resuelto, son los familiares de las víctimas quienes han tenido que abocarse a buscar la verdad y la justicia. Los hallazgos de restos humanos a menudo son resultado de los esfuerzos de los familiares por la ansiedad y desesperación que les orilla a saber qué pasó con sus seres queridos. En Tamaulipas, por ejemplo, fueron colectivos de familiares de desaparecidos quienes localizaron varios sitios en los que el crimen organizado incineraba o enterraba a las personas. No puedo siquiera imaginar el dolor que sienten las madres y padres que incansablemente están buscando a sus hijos, o el horror al encontrar esos centros de exterminio.
Cada día es más habitual que los familiares de las víctimas emprendan su propio camino para resistir a la violencia y la injusticia. El caso de Miriam Rodríguez demuestra una durísima realidad. Cuando su hija Karen desapareció en 2012, Miriam Rodríguez no descansó hasta dar con su paradero. Ella misma fue quien terminó por encontrar sus restos años después; prosiguió con sus investigaciones que contribuyeron a la detención de 16 personas que estuvieron involucradas en el secuestro y homicidio de su hija. Miriam organizó los esfuerzos de su comunidad para buscar a otras personas desaparecidas y alzar la voz contra estos crímenes, hasta que fue asesinada el Día de las Madres del 2017.
No podemos dejar de reconocer la labor que, al igual que Miriam, hacen todos los días padres y madres para encontrar a sus hijos desaparecidos. La valentía que conlleva el no desistir en la búsqueda de la justicia debe reconocerse, especialmente ante las inminentes amenazas que derivan de la inseguridad en algunas entidades. No obstante, la realidad es que es el Estado mexicano quien debe traer a la justicia a quienes perpetúan la crueldad y el terror con estos crímenes; es el Estado quien debe tomar la iniciativa en la investigación de las desapariciones de las víctimas; y es el Estado quien debe tomar las medidas para proteger la vida de las personas, garantizar su seguridad, y no dejarlas desamparadas frente a grupos delictivos.
